Los llamados a la unidad que ha formulado la nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son parte de la ficción que el triunvirato integrado por Mónica Soto y los Felipes intenta usar para darle visos de normalidad a la captura de esa institución.
Esa captura cuenta con la extraña complicidad -¿involuntaria?- del Senado de la República, que se ha negado a nombrar a los sustitutos de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, quienes concluyeron su encargo en octubre pasado. Ello a pesar de que las dos ternas de aspirantes que desde hace meses tiene el Senado la integran hombres y mujeres de sólida formación y trayectoria que garantizan imparcialidad, eficacia y probidad en la tarea jurisdiccional, características que no siempre ofrecen los actuales integrantes del triunvirato.
Esa captura incluye la reanudación de costosas e ilegales prebendas a la mayoría de los magistrados y, lo peor, la posible repetición de prácticas nocivas y delictivas en las que sentencias y votos se convierten en materia mercantil. Son vicios y corruptelas que la gestión del anterior presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, intentó frenar y que, en buena medida, motivó que lo depusieran.
En este sentido, sería útil que el triunvirato informase cuáles medidas adicionales implantará, en busca de una mejor administración de la justicia electoral. Podrían suprimir, por ejemplo, las “sesiones” en que las resoluciones se toman por WhatsApp y, a veces, quienes resuelven son los secretarios de estudio y cuenta.
Tales “sesiones” son un monumento a la opacidad, alejadas de la Constitución y la ley, y vuelven una mala caricatura lo que debería ser debate serio y deliberación enjundiosa. Un ejemplo en desarrollo es el relacionado con el caso de Arturo Zaldívar, a quien se atribuyeron conductas ilegales al haber aparecido junto a la precandidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, anunciando que trabajarían juntos por la transformación de México, cuando el prestigiado jurista era aún ministro de la Corte, pues su renuncia no había sido aceptada formalmente.
Xóchitl Gálvez y una asociación civil denunciaron a Zaldívar por actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, indebido ejercicio del cargo y otras supuestas infracciones. Las demandas fueron admitidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y contra esa admisión se inconformó Zaldívar ante el TEPJF, donde el magistrado Rodríguez Mondragón presentó el 22 de diciembre un proyecto de resolución que proponía consultar a la Corte sobre cuál era la autoridad competente para conocer del atípico caso.
La consulta propuesta por el expresidente del TEPJF tenía sentido, pero el 4 de enero, con los votos del triunvirato y en una inexistente sesión del pleno, éste rechazó el proyecto de Rodríguez y acordó que Mónica Soto elaborara el engrose respectivo. Y todo por WhatsApp.
Plus Online: Desafío a la Corte
El triunvirato que se ha apoderado de la Sala Superior del TEPJF ha adoptado actitudes descorteses y de franco desafío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparentemente porque la percibe débil, ante las frecuentes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo que no quiere tomar nota el triunvirato es que la mala opinión del mandatario no es sólo respecto de la Corte, sino del Poder Judicial en su conjunto y en particular del TEPJF, cuyos vicios y malas prácticas jurisdiccionales y éticas son conocidas en Palacio Nacional.
Después de la inasistencia de Mónica y los Felipes al informe de Reyes Mondragón rendido ante el pleno de la Corte y de la acusación a la ministra presidenta de una supuesta intervención en el pleito interno del TEPJF, ahora el triunvirato rechaza la consulta a la Corte propuesta por Rodríguez Mondragón y quiere resolver el atípico asunto de Zaldívar.
Ensoberbecidos porque hasta ahora se están saliendo con la suya, Soto, Fuentes y De la Mata parecen pretender equiparar a la Sala Superior con la Corte. Ciertamente el TEPJF tiene la atribución de inaplicar disposiciones legales que considere inconstitucionales, pero inferir de ahí la mencionada equiparación es una desmesura monumental.
Ante el dispendio y la abusiva utilización de recursos del TEPJF para gastos personales, el Consejo de la Judicatura, que preside la ministra Norma Piña, debería llamar a cuentas a la Sala Superior, mediante la Comisión de Administración del Tribunal, en la que los consejeros de la Judicatura tienen mayoría. Hace algunos años, el consejero Bátiz dio una muestra de cómo contener las ansias dispendiosas de algunos magistrados.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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