Sanjuana Martínez, exdirectora de la extinta NOTIMEX, publicó en La Jornada dos testimonios en los que explica el proceso de liquidación de la empresa noticiosa y levanta las alarmas sobre la credibilidad del proceso electoral en marcha. Según su dicho, al parecer se le pidió que de su liquidación debía entregar el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum.
Una vez más se pone sobre la mesa el tema de la relación entre el dinero y las elecciones. Desde que la reforma de 1996 incrementó sustancialmente el financiamiento público a los partidos políticos, fiscalizar adecuadamente el origen y destino de los dineros ha sido un reto permanente para las autoridades electorales.
Más dinero público incidió en la competitividad en las elecciones, pero no redujo la necesidad partidista de buscar más recursos para invertirlo en las campañas. Prueba de ello fue la fiscalización de la primera elección presidencial con el IFE ciudadano en el año 2000, que terminó con las grandes sanciones al PRI, al PAN y al PVEM cuando se resolvieron las quejas denominadas “Pemexgate” y “Amigos de Fox”.
En los últimos 23 años la fiscalización de los recursos partidarios ha sido motivo de múltiples reformas. Hoy el IFE cuenta con un robusto reglamento de fiscalización, con procedimientos de auditoría sólidos y tecnificados que son del conocimiento de partidos y candidatos. Además, el Tribunal Electoral ha emitido criterios claros (y otros no tan claros) para aplicar sanciones y resolver quejas en las que se pone en duda la equidad en la contienda.
Pero el problema de los auditores sigue siendo similar al del 2000: descubrir cuándo un partido o sus candidatos utilizan dinero público prohibido en la ley, o dejan de reportar el ingreso de recursos privados de dudosa procedencia, que también salen de la norma.
Para estas elecciones, las declaraciones de Sanjuana Martínez al menos siembran la duda sobre el financiamiento de la campaña de Morena. Además, los dichos se suman a las quejas presentadas y al cuestionamiento sobre la corrupción al interior de los partidos en general.
Esto representa un reto para el INE y su Consejo General, cuya percepción de imparcialidad y autonomía dependerá, en parte, de su capacidad de investigación oportuna, eficiente y creíble, sobre el posible financiamiento ilícito a cualquiera de las campañas. Más allá de la complejidad propia de esta elección, el INE necesita fortalecer el arbitraje entre los partidos y candidatos para que los resultados sean confiables y aceptados por todos.
Por lo anterior, urge que el Consejo General resuelva sus diferencias sobre los titulares de sus órganos de dirección, incluyendo para este tema el de la Unidad de Fiscalización. Se requieren técnicos profesionales, imparciales, que convenzan por su conocimiento y experiencia, no que destaquen por sus relaciones y lealtades personales. Solo así se responderá adecuadamente a las dudas que genera Sanjuana Martínez y otras que seguramente vendrán.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
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