En los tiempos que vivimos es innegable la necesidad de una reforma al Poder Judicial que toque desde sus entrañas hasta la cúpula más alta de poder.
Parecía que con la llegada de un gobierno progresista al Ejecutivo, el Poder Judicial terminaría con los privilegios que han tenido durante décadas, sin embargo, no ha sido así; contrario a la política de austeridad implementada por la administración del presidente López Obrador, el Poder Judicial se resiste en hacer cumplir la ley y reducir los altos salarios que ahí se erogan, bastaría con que dieran cumplimiento a los artículos 127 de nuestra Constitución y el 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero no es así.
De acuerdo con la información publicada en el Portal Oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros perciben un sueldo neto al mes de $206,948.00, lo que anualmente representa un monto de $2,483,3723, esto sin tomar en cuenta otras prestaciones a las cuales tienen acceso; es decir, anualmente se erogan poco más de 27 millones de pesos por concepto de salarios de únicamente once personas.
Asimismo, se abren espacios a “los juristas destacados en nuestro país” representados por los columnistas con lugares privilegiados en los medios hegemónicos de comunicación, que evocan la separación de poderes, vociferan su vulneración y una prohibición constitucional a reducir sus altos emolumentos, escudándose en el artículo 94 de nuestra Constitución y alegando que la remuneración de los altos funcionarios del Poder Judicial no puede ser disminuida durante su encargo.
Esto da a pensar que la implementación de la política de austeridad no prosperará mientras los ministros e integrantes de dicho poder se sigan concibiendo por encima de los otros poderes.
De ahí que, resulta impostergable una reforma al Poder Judicial, más allá de lo funcional y estructural, que se impulsó con la reforma de 2021; es necesaria una transformación más profunda, que acerque a los órganos de impartición de justicia a la ciudadanía, especialmente a los sectores más desprotegidos.
Esto solo será posible cuando las y los ciudadanos elijan mediante un ejercicio democrático de participación ciudadana directa a los integrantes del Poder Judicial, es decir cuando este poder se democratice y se abra a todos los sectores de la sociedad.
En este sentido, resulta indispensable que sus integrantes hagan una reflexión y conciencia sobre los tiempos que vivimos, pues la mayor parte de la población ha rechazado, a través del voto, el sistema que prevaleció durante décadas. La apertura y democratización del aparato de justicia es una exigencia del pueblo que reclama un poder judicial eficiente, y eficaz que trabaje en beneficio de todas y todos.
POR ANGÉLICA VARGAS MENDOZA
COLABORADORA
@ANGELIC40417819
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