Como lo señalé en este espacio la semana pasada a propósito de los retos de 2024 en materia de seguridad pública, la extorsión se ubica en los primeros lugares, en particular el ”cobro de piso” modalidad que considero representa la fase superior de dicho delito.
Si bien esta forma de extorsionar representa apenas el 10% de los casos denunciados ante el Ministerio Público, de acuerdo con cifras del INEGI, su impacto es tan alto que deja en un segundo plano a la modalidad telefónica que concentra el restante 90%, que como todos sabemos en una alta proporción proviene de los Centros de Reinserción Social, en particular los estatales y municipales.
Decir que se le va a combatir y lo único que se propone es enviar masivos y vistosos operativos de presencia coordinados entre fuerzas federales y estatales bajo la figura de “Mesa de Seguridad” es como pelearse contra molinos de viento, ya que casi nadie conoce la identidad y mucho menos el tamaño del enemigo a vencer.
Para tener noción de su identidad, modo de operar y georeferencia del delito tendrían que incorporarse a la mesa los componentes de inteligencia y participación ciudadana, destacando que este último claramente no existe, pero debería formar parte de ella.
Con mayor razón si la cifra negra (delitos no denunciados) de extorsión es del 99.8% a nivel estatal y solo se conoce el 0.2% de los casos, es decir nada, por lo que iniciar una investigación formal o realizar labores de inteligencia para detenciones en flagrancia sin información cuantitativa y cualitativa, no parece ser la mejor opción, pero la decisión ya está tomada.
Además hacer responsable de su atención operativa a la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que en la práctica no han realizado detenciones masivas de extorsionadores en los últimos años, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 del INEGI, es como acudir al médico equivocado cuando se tiene un padecimiento grave.
Según dicho censo, durante todo el 2022 la GN únicamente registró 5 mil 376 delitos cometidos por las 2,662 personas que detuvo y puso a disposición del Ministerio Público y entre los primeros 10 delitos en los que la corporacion reportó detenidos no figura uno que haya sido por el delito de extorsión. El delito que menos remitidos ante el MP contabilizó fue por Delincuencia Organizada con 38 casos, algo por demás grave, puesto que es un delito de orden federal. Si hubiera detenidos por extorsión serían menos de esa cantidad.
Lo anterior confirma que la respuesta a esta coyuntura es más política que técnica, ya que se basa en hechos de una alta exposición mediática como los de los campesinos de Texcaltilán, que se reavivaron con las denuncias de los vendedores de pollo en Zinacantepec, que también fueron extorsionados.
No debe olvidarse que con la desaparición de la Policía Federal, las áreas que atendían secuestro y extorsión fueron reducidas a su mínima expresión (Investigación e Inteligencia), por lo que lo único que puede esperarse es que el trabajo se concentre en la presencia y recorridos en las demarcaciones señaladas, pero cuando los reflectores hayan disminuido su intensidad, estos operativos se moverán hacia donde los nuevos tiempos lo requieran.
El único punto a favor es que la mandataria estatal reconoció a la extorsión y el “cobro de piso” como algo grave y que se debe atender, pero dejó entrever que así le dejaron la entidad federativa los gobiernos anteriores.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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