En 2014 el Congreso de la Unión aprobó una amplia reforma constitucional en materia política-electoral cuyas bases son las que hoy rigen. Tuve la oportunidad de ser Senador por mi Estado, Oaxaca, en el año en que la reforma fue discutida y aprobada, al lado de grandes compañeras y compañeros que defendimos las causas de la izquierda, como Miguel Barbosa, Manuel Camacho Solís, Zoé Robledo, Lorena Cuéllar, Raúl Morón, entre muchas otras y otros que no alcanzaría a mencionar. En lo personal, voté en contra de la reforma cuando advertí que era un engaño del Pacto por México de Peña Nieto, pero esa es otra historia.
Entre las disposiciones que se incorporaron a nuestro marco jurídico se encuentra la elección consecutiva de legisladores federales, la transición del IFE a INE, nuevas reglas de fiscalización y acceso a tiempos en medios, así como la modificación de la fecha de inicio del periodo presidencial, que dejaría de ser el 1 de diciembre para ser el 1 de octubre de cada seis años.
Por virtud de esta última modificación se estableció también que en el año en que el Presidente de la República comience su encargo, el Congreso de la Unión, de manera excepcional, se reunirá para celebrar su Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Año Legislativo el 1 de agosto, manteniéndose como fecha de inicio para los demás años el 1 de septiembre.
Un artículo transitorio de la reforma estableció que el periodo presidencial que comenzaría en 2018 sería el último que asumiría funciones el 1 de diciembre, pero el primero que concluiría el 30 de septiembre, por lo tanto, el periodo presidencial de 2024 será el primero que entre en funciones el 1 de octubre.
Así, en el caso del Congreso, la actual Legislatura entraría en funciones el 1 de septiembre de 2021 -como sucedió- y en teoría concluiría el 31 de julio de 2024. Sin embargo, hasta hace apenas poco tiempo salieron a la luz dos antinomias que no habían sido advertidas. En primer lugar, la entrada en funciones de la próxima Legislatura, el 1 de agosto de 2024, y su conclusión el 31 de agosto de 2027, implica que sus integrantes durarán en su encargo un mes más de los 3 años que expresamente establece la Constitución para diputados federales y de los 6 años que establece para Senadores, y esto mismo sucederá con cada Legislatura subsecuente.
Para subsanar esta deficiencia normativa, en la primera sesión ordinaria del recién iniciado Periodo Ordinario de Sesiones, aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 65 constitucional, para establecer de nueva cuenta el 1 de septiembre como fecha única de inicio del Primer Periodo de Sesiones de cada Año Legislativo, independientemente de la entrada en funciones del Titular del Ejecutivo Federal.
Con ello no sólo corregimos una contradicción entre artículos constitucionales, sino además evitamos que un representante de elección popular dure en funciones más tiempo del que expresamente establece una norma constitucional, lo que podría haber generado un precedente muy peligroso.
No se trata de una reforma en materia electoral, lo que se demuestra en el hecho de que ni un solo diputado o diputada, fuese oficialista u opositor, la votó en contra; únicamente subsana esa deficiencia que es el verdadero fondo, y no que una legislatura asuma su encargo mientras su antecesora sigue en funciones, como se ha dicho.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
PAL