¿Es realmente la maternidad subrogada un recurso noble y eficaz para las familias que desean hijos, pero no pueden procrearlos? La respuesta inicial es sí, pero el tema se complica cuando el crimen organizado y la falta de certidumbre jurídica intervienen en la ecuación. Es ampliamente sabido que si una pareja en Europa o Estados Unidos desea alquilar un vientre para gestar, puede hacerlo fácilmente por medio de sitios web de mafias en México que les aseguran uno. ¿Cómo los obtienen? Raptando jovencitas a quienes someten igual a explotación sexual que a ese propósito.
¿Qué hace la autoridad para evitarlo? No hay, siquiera, una base para prevenirlo. En México, únicamente Tabasco y Sinaloa cuentan con legislación en esta materia, aunque muchos juristas sostienen que es insuficiente y riesgosa porque no abarca todos los aspectos científicos y jurídicos que deben cuidarse. Por otra parte, Querétaro y San Luis Potosí únicamente validan la maternidad de la persona gestante, dejando fuera a la subrogada. En el resto del país, el tema ni siquiera está en la mesa.
En la capital mexicana, la entonces Asamblea Legislativa aprobó en 2010 la Ley de Gestación Subrogada que impulsó Alejandra Barrales Magdaleno, pero esa norma nunca entró en vigor porque no fue publicada en la Gaceta Oficial. Sin embargo, el Código Civil sí contiene preceptos sobre los derechos de padres, madres y sus hijos que hayan sido concebidos mediante reproducción asistida.
Ese, en realidad, es un problema porque hay espacio para interpretar legalmente que la maternidad subrogada está permitida, pero con un gran campo de incertidumbre jurídica que permite toda clase de abusos contra las familias que desean hijos, contra las mujeres gestantes, desprotección para los médicos y hasta problemas sobre identidad para los nacidos bajo esas técnicas.
¿Qué tan grande es el problema? Es muy difícil dimensionarlo, para empezar, justamente por la falta de parámetros, mediciones, estudios y leyes. Intentemos darnos una idea lo más fiel posible.
De acuerdo con los números oficiales, en 2022 se reportaron 497 secuestros en el país, de los cuales 99 fueron con fines sexuales y 13 relacionados con el tráfico de menores. Durante la primera mitad de 2023, según las cifras de incidencia delictiva del fuero común, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 44 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de plagio, 19 mujeres y 25 hombres.
Si estos números son de por sí alarmantes, también hay que recordar que la cifra negra de delitos no denunciados en México es de 93 por ciento, de acuerdo con el INEGI.
Buscando obtener una dimensión más real, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra que, durante 2022, cada día se reportaron 18 personas entre cero y 17 años desaparecidas, es decir, más de seis mil 500. En los años de existencia de ese registro, 95 mil 646 niñas, niños y adolescentes han sido reportados en esta situación, y una de cada cinco de estas personas, es decir 16 mil 755, continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el pasado 30 de agosto.
Diversos grupos feministas exigen la prohibición de la maternidad subrogada por los peligros que puede significar para las mujeres gestantes y los abusos de que pueden ser víctimas prácticamente todas las partes involucradas. Es un tema que debe discutirse con profundidad en los órganos legislativos.
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POR ADRIANA DELGADO
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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