El pasado fin de semana en diversas redes sociales se difundieron videos en los que presuntamente miembros de un grupo de la delincuencia organizada perteneciente al Cártel de Sinaloa se introducían a varios municipios limítrofes del estado de Chiapas, en donde probablemente, incursionaban en la región para sacar de ahí, a miembros de otro grupo rival, el denominado CJNG.
La acción se volvió viral en pocas horas y género múltiples reacciones entre los internautas a nivel nacional, que evidentemente reflejaron el sentir de una gran parte de la sociedad con relación a los temas de la inseguridad en el país, pero que, además, dieron a conocer, lo que se temía desde hace mucho tiempo, el vacío de poder que el Estado mexicano tiene en varias partes del territorio nacional y que ahora es ocupado por grupos de la delincuencia organizada, los cuales, a su vez, se nutren de la descomposición del tejido social a nivel local para robustecer su aceptación operativa y su cultura.
En este sentido, no es conveniente olvidar que el de Chiapas, es hoy un mapa en descomposición social generalizado a causa de la delincuencia organizada y de los vacíos de poder que existen en casi todos sus municipios. La tortuosa y lastimosa situación que hoy priva en esta demarcación viene de lejos y se ha acentuado en semanas y días recientes. Diversos pobladores entrevistados coinciden en que todo el estado se encuentra infectado por la presencia de grandes organizaciones nacionales del crimen organizado, los que, a su vez, se han establecido abiertamente en los municipios de Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Siltepec.
¿Pero, por qué este fenómeno se da en esta zona de Chiapas y no en otras demarcaciones de la misma entidad?
La respuesta muestra que los conflictos, se deben a las rutas por el control de los territorios geográficos y estratégicos utilizados para el trasiego de la droga hacia el interior del país, ya que como muchos pobladores saben, existe un corredor central para el tráfico de droga y migrantes, que proviene desde la frontera, pasa por La Trinitaria y Comitán hasta llegar a San Cristóbal y desde ese punto, circula hacia Tuxtla Gutiérrez, después de este punto, corre hacia el norte del país.
En esta zona, como en algunas otras más, se han hecho comunes los cierres de la carretera por días, mientras se registran enfrentamientos que han obligado a las comunidades a desplazarse en busca de mejores condiciones de vida de los pobladores de la región.
Aunado a ello, otro de los problemas que también se ha disparado, son el número de personas desaparecidas, cuyos casos no siempre son denunciados por el temor de la población ante los grupos criminales de sufrir represalias, además de que según refieren muchos habitantes de la región, la mayor parte de las autoridades locales, han sido infiltradas por estos grupos delictivos.
Al hablar de esto, necesariamente llegan a la mente los recuerdos de la lucha armada iniciada por el Ejército de liberación nacional (EZLN), las disputas territoriales entre diversas comunidades indígenas de la región, ya sea por motivos religiosos o étnicos, entre otros conflictos que se gestaban en el pasado y cuyas derivaciones aún siguen generando estragos en el tejido social de muchas de estas comunidades.
La situación cómo se logra discernir en la actualidad es más complicada por donde se le vea, y no es un fenómeno aislado o minoritario, de hecho, es la consecuencia de una serie de abandonos por parte de diferentes niveles de autoridad en esta región. Todos estos problemas, han traído como resultado, la intromisión de más de dos actores en disputa. Por ejemplo, “Los Huistas”, un cártel guatemalteco que, se presume, es aliado del cártel Jalisco Nueva Generación; dos ejércitos nacionales movilizados y atentos como son los de Guatemala y Belice; todo ello, sin contar con una buena parte de la población civil leal o rehén, que, hasta ahora, son los más vulnerables ante dicha situación.
Pero, si lo anteriormente descrito, no son ingredientes suficientes para tomar en consideración que hay una guerra en curso cuyos efectos colaterales pudieran dejar en un estado permanente de indefensión a miles de pobladores de muchas comunidades vulnerables de Chiapas, entonces nadie sabe con certeza, cuál tendría que ser el nivel de violencia y la configuración de actores proscritos para que el gobierno federal declarase como una prioridad la intervención estratégica y operativa de esta región, desde una perspectiva de seguridad regional y por supuesto, se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para atender de la mejor manera posible esta situación.
Chiapas como muchas regiones del sureste mexicano aún sufren los efectos del rezago social y económico que a lo largo de su historia han arrastrado. La presencia del EZLN en la zona serrana del estado es prueba fehaciente, de que la lucha por la reivindicación de las demandas indigenistas, aún no han encontrado una salida eficiente a sus peticiones. Pese a ello, hasta ahora, no se logra encontrar evidencia fidedigna de que los carteles del narcotráfico hayan llegado hasta los dominios de esta agrupación indígena o trabajen en asociación con estas comunidades.
En este sentido, el deber del gobierno mexicano es tratar de prevenir y acrecentar el abanico de recursos en materia de inteligencia y seguridad para que la trazabilidad de políticas encomendadas al combate al narcotráfico y sus múltiples derivaciones se cristalice a partir de acciones y resultados concretos, pero, además, consolide el establecimiento de mecanismos de paz y desarrollo en la región, que desde hace décadas no existen.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ