El éxito de las democracias más añejas del mundo, no depende de forma exclusiva de los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida pública, sino también, de la forma en la que los gobiernos en turno respetan la autonomía de nuestras instituciones, las libertades y la racionalidad en el uso de los recursos públicos; de lo contrario, se pone en riesgo el futuro de las personas.
En nuestro país existe la obligación Constitucional de que el Ejecutivo Federal presente para aprobación del Poder Legislativo de forma anual, el paquete económico que incluye tanto las previsiones de Ingresos del Gobierno Federal, como el Presupuesto que se pretende ejercer en el siguiente año.
Se trata de un mecanismo que pretende asegurar un proceso de contrapesos para el ejercicio de los recursos que no son propiedad del gobierno, sino de todos los mexicanos.
El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico correspondiente al año 2024, pero con el peligroso antecedente de que la mayoría acrítica, afín y servil, nuevamente apruebe sin mover una coma, uno de los temas mas relevantes del ejercicio del poder público, la administración de los recursos federales
De una primera revisión, el presupuesto del próximo año plantea uno de los escenarios más críticos en la época moderna del país, con efectos potencialmente graves para la estabilidad de las finanzas públicas y de la economía en general.
Ya hemos hablado en este espacio de lo cuestionable que resulta la continuidad de proyectos ineficientes y sin rentabilidad a los que sigue apostado este gobierno o, de programas federales cuya pésima planeación, corrupción en su ejecución y el daño consecuente al erario público, han sido documentados por instituciones oficiales y de la sociedad civil.
Sin embargo, el tema de mayor preocupación que observamos en este presupuesto tiene que ver con el déficit presupuestario que plantea el gobierno federal y que equivale a 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las cuentas son simples: mientras que en 2024 se estiman ingresos por 7 billones 328 mil millones de pesos, el gasto neto será de 9 billones a 25 mil millones de pesos. El déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, es de 1 billón 697 mil millones de pesos. Pero para que el gobierno pueda cumplir con todas sus obligaciones financieras, solicita un techo de endeudamiento interno neto de casi 2 billones de pesos, 5.4% del PIB.
Para financiar un gasto con recursos que no tenemos, el presidente decidió que la opción más fácil es contratar deuda antes que reducir el gasto suntuoso de sus programas “relevantes”, que representan casi el 13% del presupuesto programado para el próximo año.
Esta será la deuda más grande de su sexenio y la mayor de los últimos 20 años. Lo que inexorablemente llevará a la siguiente administración a tener que ajustar la política fiscal probablemente reduciendo el gasto público y haciendo que los mexicanos paguen con mayores impuestos el costo de sus malas decisiones.
No debemos perder de vista que se estima que el presupuesto de 2024 termine con un boquete fiscal de alrededor de 185 mil millones de pesos, a lo que habrá que sumarle los 2 billones de pesos por la contratación de nueva deuda y su costo financiero de 1.2 billones de pesos -sujeto a que las tasas puedan seguir aumentando si la inflación no cesa-, pues éste último, de acuerdo con el gobierno, crece 11.8% en relación con el 2023. Un verdadero peligro para la estabilidad de las finanzas. Ello potencialmente se afectará de forma mas grave en caso de que por causas internas o externas, el tipo de cambio se mueva como producto de una depreciación (aunque sea marginal) de nuestra moneda, lo que implica un crecimiento de las obligaciones en pesos, de las deuda contratada en dólares por el Gobierno Federal.
La suma de todo lo anterior, ubicaría el monto de la deuda en más de 16 billones de pesos, 49% del PIB. Para tener un punto de referencia, al final del sexenio la deuda sería mayor en 6 billones de pesos, 52% más a la deuda que teníamos en 2018 y representa dos tercios del presupuesto de 2024.
Con estas cifras preocupantes, es posible que en 2025 el debate se centre en la construcción de un presupuesto que incluya menos inversión y más deuda pública que ubique su valor en una cifra récord mayor a 50% del PIB. Estamos en la antesala de una crisis fiscal.
Y no es que satanicemos la deuda pública, pero no olvidemos que, cuando se necesitó hacer uso inteligente del déficit público y tener dinero para afrontar la mayor la emergencia sanitaria que experimentó el país y el mundo en 2020, el gobierno federal decidió no utilizar ningún el instrumento de deuda para salvaguardar la salud, la economía familiar y la protección de nuestro sector productivo.
Mientras que en 2020 se autorizó un déficit de 3.8% del PIB, en 2024, sin pandemia, sin crisis económica, pero sí con elecciones en puerta, la propuesta es de más de 5 puntos del PIB. Resulta muy sospechoso que en épocas electorales se trate de justificar la necesidad de endeudamiento.
De cara al futuro, los diputados de Acción Nacional tenemos un gran compromiso con las y los mexicanos. Por eso, durante los próximos dos meses trabajaremos con el único objetivo de garantizar una propuesta de paquete económico que mantenga el equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad económica del país y, sobre todo, salvaguarde la economía familiar y de los más desfavorecidos.
POR: JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO
@JORGEROHE
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