Por más de tres décadas la organización Artículo 19 fundada en 1987, se ha dedicado a emitir distintos Informes o reportes, en los que señala a los distintos Gobiernos por su falta de interés para instrumentar políticas públicas, y acciones en favor de la libertad de expresión, y el derecho a la información.
El pasado 19 de Septiembre, dio a conocer su Informe correspondiente al primer semestre de 2023, mediante el cual una vez más, señala ataques estigmatizados a periodistas, y la ausencia del Estado mexicano.
Unos meses atrás, el titular del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, al rendir su Informe de actividades, señalo que a 10 años de existencia, el mecanismo esta condenado a desaparecer, ante la ausencia de un marco legal emitido por el Congreso de la Unión. Enrique Irazoque Palazuelos, lanzó un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que aprueben la reforma constitucional que se requiere, para contar con una ley general, que combata y prevenga las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.
México en 2022, fue el primer lugar en ataques a periodistas con 22 atentados, superando a Ucrania, un país en guerra en el que perdieron la vida 15 periodistas.
Más allá de que organizaciones internacionales, o los relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, o de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos señalan y ratifiquen sus informes que por mas de dos décadas, han calificado a México entre los 5 países de más alto riesgo, para el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, siendo el más peligroso de la región, sin obtener mayores resultados; Es momento de hacer un alto en el camino.
Periodistas, comunicadores y medios de comunicación, tienen personalidad y carácter, para demandar acciones del gobierno para prevenir y proteger de ataques al gremio. A mayor abundamiento, el propio Enrique Irazoque Palazuelos, destaca que el 80% de los ataques y atentados contra periodistas y comunicadores, provienen de autoridades del estado mexicano, en los niveles estatal y municipal. Lo que se ha señalado desde hace más de tres décadas.
Llego la hora de que los tres niveles de gobierno, asuman su responsabilidad , y un compromiso serio, que permita el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Cabe destacar, que de los poco mas de 160 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha, no son mas de diez casos que han dado a conocer investigaciones especiales, que dejan al descubierto información delicada para los grupos de poder, tanto gubernamental, como económico, o de la delincuencia organizada; lo que evidencia que mas del 90% de los periodistas, han sido ultimados como venganza, por su labor cotidiana, y no necesariamente por poner en riesgo a grupos de poder.
Los ataques a periodistas, comunicadores, y medios de comunicación, han sido más una muestra de poder o una forma de amedrentar al gremio en general.
Lo sucedido a lo largo de más de tres décadas, no es responsabilidad del actual gobierno; ha sido más el resultado de abusos de poder y autoridad; por lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene la oportunidad de marcar un alto en el camino, y establecer nuevos acuerdos, para la prevención y protección del gremio periodístico, más allá de sentimientos personales y polarización, seria una buena oportunidad para ver por periodistas, que día a día ejercen el Derecho a la Información, y que serían quienes deberían asumir obligaciones ante el ejercicio de derechos, partiendo de dar cuenta a la sociedad en forma honesta, objetiva, veraz y pronta, sobre el acontecer sin editorializar o polemizar.
Twitter: @Fernando_MoraG
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.