Esta pregunta abre la Agenda Nacional de Paz presentada de manera casi simultánea a las escenas de apoyo en Chiapas al Cártel de Sinaloa para expulsar al Cártel Jalisco Nueva Generación y con un estudio publicado por la revista Science que sostiene que el crimen organizado es el quinto empleador en México, con 175,000 personas a sus órdenes, muchas reclutadas por la fuerza.
La Agenda Nacional de Paz es producto del Diálogo por la paz, esfuerzo de instituciones académicas y sociedad civil iniciado por los jesuitas, tras los asesinatos en la Tarahumara. Fue compilada colectivamente con base en 1002 conversatorios sobre la paz y 50 foros de seguridad y justicia.
Plantea:
“¿Qué país es éste que se ha acostumbrado a la muerte cotidiana, a la corrupción, a la impunidad, y al fracaso de sus instituciones?”.
Hace un diagnóstico de la macrocriminalidad internacional, el fracaso de la guerra contra las drogas y la vecindad con Estados Unidos.
Afirma que: “La violencia se ha convertido en un negocio para controlar territorios y así instalar una gobernanza criminal. Los débiles sistemas de justicia y seguridad de América Latina se ven amenazados por la fuerza de estas economías criminales”.
Al iniciar el diagnóstico nacional destaca:
“En el fondo… se visibiliza una profunda desarticulación de las instituciones de seguridad pública y justicia, al mismo tiempo causa y efecto del fracaso del gran sistema que integran”.
El documento confirma datos escalofriantes. En México hay un promedio de 92 asesinatos diarios y 26 desapariciones.
Se han encontrado más de 3,000 fosas clandestinas y se han conformado cerca de 240 organizaciones que buscan a familiares y amigos, ante la incapacidad de las autoridades.
Afirma que el principal signo de inseguridad es el control territorial que tienen las alianzas criminales para hacer negocios lícitos e ilícitos, lo que amenaza la vida democrática del país. Señala que el Estado está rebasado.
Las organizaciones criminales buscan y logran el control social y político.
Pone énfasis en que más que la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la falta de esperanza en una vida digna, son la raíz de la violencia social y que la “población joven ha buscado otras formas de cambiar su estatus social, no a través del prestigio laboral y educacional a los que por lo general no tienen acceso, sino ocupando espacios de ilegalidad disponibles en su entorno”.
Señala el aumento de la violencia en contra de las mujeres —los feminicidios han crecido 134 por ciento—, los niños y las niñas y los migrantes y el incremento de la desconfianza en las relaciones familiares, comunitarias y hacia las instituciones.
El diagnóstico es crítico de las políticas asistencialistas de los últimos 17 años, así como de la militarización de la seguridad pública. Continuaré con la visión de futuro de la Agenda y las medidas concretas propuestas para transformar este entorno de miedo y luto en uno de confianza y esperanza.
POR MARTHA BÁRCENA COQUI
MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM
@MARTHA_BARCENA
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