Los personajes controversiales abundan en la 4T y Jaime Bonilla, senador y exgobernador de Baja California, es uno de ellos. Su historia política se teje con un hilo de contradicciones que refleja, en última instancia, una problemática más profunda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: las consecuencias del pragmatismo que empleó al haber subido aliados cuestionables a fin de hilar a toda costa triunfos electorales.
Esta semana el legislador estuvo en el centro de la polémica por su conflicto con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila que quiso Bonilla llevar a la tribuna del Senado acusando a su gobierno de tener vínculos con el hampa.
Involuntario el gazapo, Jaime Bonilla dijo que en Baja California el gobierno pasó de ser socio del narco y se convirtió en cártel, afirmación esta que parece autoincriminatoria, proferida el pasado miércoles para golpear a quien se supone es compañera de movimiento.
Hace unos meses, Jaime Martínez Veloz, político y autor del libro "El Impostor: Crónicas de un infiltrado del FBI", nos ofrecía ya revelaciones graves sobre la vida política de Bonilla, exponiendo una serie de episodios y eventos que arrojan luz sobre la complejidad y turbulencia del hoy exmorenista.
Como se sabe, uno de los aspectos más notables de la carrera de Bonilla fue su intento de prolongar su mandato en Baja California, una maniobra que desafió abiertamente la Constitución y que solo pudo ser detenida gracias a la firme oposición y la intervención de la Suprema Corte.
Sin embargo, las controversias que rodean a Bonilla no se limitan al ámbito mexicano, sino que se extienden a su vida política en Estados Unidos. Durante su postulación al Distrito de Agua de Otay, en San Diego, California, Bonilla fue objeto de denuncias por exceder los límites de gastos de campaña y por no transparentar el origen de los recursos utilizados.
Además, se enfrentó a acusaciones de corrupción que lo llevaron a ser destituido debido a actos de nepotismo y por la contratación anómala de un bufete de abogados que facturó una suma significativa en un corto período de tiempo. Martínez Veloz va un paso más allá al revelar que Bonilla actuó como informante del FBI en un caso de soborno, grabando conversaciones comprometedoras.
La influencia política de Bonilla en San Diego creció considerablemente, hasta el punto de impulsar un proyecto de desalinizadora en territorio mexicano con el objetivo de abastecer de agua a San Diego. Sin embargo, este proyecto se vio ensombrecido por la falta de planificación adecuada y la falta de transparencia sobre su verdadero propósito, lo que finalmente resultó en una deuda millonaria para la administración de Baja California.
Esa deuda y otros episodios de corrupción transfronteriza son parte de lo que Marina del Pilar encontró al relevarlo en el gobierno y que hoy toma forma en sendos casos penales, destacadamente, respecto a un esquema de extorsión a través de la empresa Fisamex, que recaudó sumas colosales de dinero mediante impuestos al agua.
"El Impostor" también arroja luz sobre la cuestionable credibilidad de Bonilla. Por ejemplo, afirma que estudió ingeniería en la UNAM pero no existen registros de una cédula profesional, pero si lo hay sobre otro episodio: su período de supuestos estudios coincide con el tiempo que pasó en prisión en Tijuana por un asunto de fraude inmobiliario.
Quizás el episodio más oscuro de la historia de Bonilla es el asesinato de Lourdes Maldonado, una reportera excolaboradora de su conglomerado mediático. Maldonado denunció en la “mañanera” presiones, hostigamiento y amenazas por parte de Bonilla antes de ser asesinada, lo que arroja serias dudas sobre el ambiente tóxico y peligroso en su entorno político.
En resumen, la historia de Jaime Bonilla es un ejemplo vívido de la complejidad y las contradicciones que caracterizan la política en la 4T. Su carrera política está marcada por acusaciones de corrupción.
Quizás en Morena lo notaron y, como en otros casos, el político-empresario terminó refugiado en el PT estatal que se va consolidando como el resumidero de la 4T.
Ya entrados en el noroeste
Desafortunadas noticias llegan a diario desde Sonora donde un día hay ataques en alrededores de centro educativos y otro desapariciones, problemas de abasto de agua o, de plano, intríngulis de contratismo gubernamental.
Mientras el gobernador Alfonso Durazo dedica su agenda profusamente a sus funciones de presidente del Consejo Nacional de Morena, surgen sospechas por malos manejos al interior de su gestión.
Un ejemplo está en la Secretaría de Salud donde implementó una estrategia de contrato marco para los proveedores de limpia en instalaciones públicas que quedó en manos de Wilk S de RL, firma a la que de repente le empezaron a exigir documentos adicionales y que en el sector se observa con caso frecuente habida cuenta del vínculo entre el director general de administración Víctor Abraham Larios y la empresa BL Limpieza y Mantenimiento.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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