EL CAMBIO DE gobierno obligó a muchas empresas beneficiadas en el sexenio pasado por hacer negocios poco ortodoxos, a replantear sus estructuras directivas. Una fue T-Systems.
Consentida por la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray, y particularmente por el SAT, de Osvaldo Santín, la compañía se embolsó contratos por casi 4 mil millones de pesos en la pasada administración.
Con la llegada de la 4T y el desembarco, primero, de Margarita Ríos Farjat, y, después, de Raquel Buenrostro, la empresa de tecnologías de la información removió a su director Federico Casas Alatriste.
Pero no crea que los cuatroteístas tomaron muy en cuenta las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo sobre la asignación de contratos de tecnologías a T-Systems.
Para nada, la misma firma sigue siendo el proveedor estrella del organismo, que ahora capitanea Antonio Martínez Dagnino, con proyectos cerrados por más de 4 mil 500 millones de pesos a inicios de este 2023.
En agosto ganó el Proyecto de Servicio de Soporte Operativo por 626 millones de pesos y ahora le van adjudicar mil 200 millones de pesos más por el proyecto de Servicio de Nube Híbrida Administrada -2.
Esta misma semana es la junta de aclaraciones y el fallo que le adelanto viene en octubre; la empresa, a cargo de Carlos Celaya, opera al interior del SAT a través de Alejandro Esquivel y Juan Carlos López.
Esquivel es un ex funcionario del SAT y actualmente participa en una empresa cuya razón social es Administración de Servicios de Tecnología de la Información(ASTI), como apoderado legal.
Ambos se presentan como socios y prestan sus servicios de “cabildeo”, asegurando controlar las áreas de adquisiciones y jurídico dentro del SAT.
Hay competidores que ya se han inconformado por esos modus operandi a favor de T-Systems y sus cuantiosas asignaciones. Apunte a Indra, Micronet y SNG.
EL DIPUTADO MORENISTA Miguel Torruco Garza seguramente no dimensionó (porque simple y sencillamente no conoce el negocio ferroviario) lo que le puso en el escritorio el “ultra” David Camacho, el ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), y quien fuera fulminantemente despedido hace varios meses. El legislador acaba de proponer un Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que más que golpear oooooootraa vez al empresario Germán Larrea, dueño de Ferromex y Ferrosur, fracturan a la industria ferroviaria y a los inversionistas internacionales. Estamos hablando de una reforma integral que navega con bandera de favorecer “al pueblo”, al permitir el acceso irrestricto de los trenes de pasajeros a las vías ya concesionadas. La propuesta busca revocar concesiones a los operadores que compartan información con empresas extranjeras; coloca a la ARTF por encima de las secretarías de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, y de la de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que tripula Jorge Nuño, al ser la que ahora apruebe las concesiones; le otorga facultades excesivas a esa agencia; e impide el acceso a nuevas tecnologías. Además, permite a la ARTF imponer regulación asimétrica sin sujetarse a la Ley de Competencia Económica; prácticamente elimina toda certeza a la inversión; establece la posibilidad de desintegrar verticalmente a los concesionarios; subsidia al transporte de pasajeros; impone tarifas máximas, y la faculta a aplicar medidas cautelares. También prohíbe las reuniones individuales de los concesionarios con funcionarios.
EN GUERRERO IDENTIFICARON por fin a la representante legal de la empresa Integmev, constituida en diciembre del año 2019 y adjudicada hace unas semanas de manera directa por el ISSSTE para construir el Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco de Juárez, por un monto de 3 mil 244 millones de pesos y bajo la modalidad de Proyecto Integral a Precio Alzado. Resulta que la encargada de gestionar este multimillonario contrato con el equipo de Pedro Zenteno es Sarita Bahena Estrada, una técnica laboratorista egresada del CBTIS 56 del municipio de Iguala, quien les aseguró que su compañía, sin contratos previos conocidos en esta materia, tiene la capacidad para edificar y dejar totalmente funcional en casi 400 días este centro hospitalario de atención especializada. El tema huele a prestanombres.
LAS INVESTIGACIONES DEL caso Segalmex despertaron en Palacio Nacional el interés por recuperar una buena parte de los montos que se consideran como desfalco, calculados ya en 12 mil millones de pesos. En especial por la participación en los contratos de Diconsa y Liconsa de multinacionales como Kimberly Clark, de Pablo González; Procter & Gamble, de Juan Carlos Trujillo; PepsiCo, de Roberto Martínez; Herdez, de Héctor Hernández Pons; La Moderna, de Carlos Monroy; Lala, de Eduardo Tricio, y Chilchota, de Carlos Manuel Herrera, involucrada esta última en los contratos de secado de leche. El antecedente más cercano que tiene el Presidente respecto a la recuperación de fondos públicos, fue el retorno de los 800 millones de pesos que el equipo de Ignacio Ovalle invirtió en instrumentos financieros.
ESTE MARTES HUBO Asamblea en Controladora Facango, la empresa que recién le reporté está intentando ser despojada por los socios mayoritarios de Finaccess, que tiene como principal accionista a Ana María González Cimadevilla. Pues bien, de las resoluciones que se adoptaron figuran la revocación de todos sus poderes, removerla del Consejo de Administración, exigir cuentas claras y, sobre todo, definir la estructura de capital de esa compañía de la que es socia de 50% y el otro socio es su esposo Diego Cándano. Y es que mediante una filial, llamada Finaccess Capital, se pretende diluir a éste último de la sociedad conjunta a través de la relación accionaria con otro vehículo denominado Tabga, que pertenece a la familia González y que es accionista del influyente grupo español de franquicias restauranteras AmRest.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL