Se señaló insistentemente que el México que anhela el lopezobradorismo no es uno democrático ni plural. Hoy la advertencia es realidad patente. Pero hay más; el proyecto que ofrece no sólo resultó previsiblemente autoritario: no es siquiera un proyecto colectivo, público. En efecto, quien como oposición denunciaba la privatización de algunas paraestatales, ahora desde el poder aspira a privatizar para sí el Estado entero.
Porque la transformación exige que el país deje de ser país y se convierta en hacienda privada de quien no desea ser presidente de todos los mexicanos, sino líder tribal. Tribu que parte a la nación en gajos y se sostiene sobre la explotación cínica de la ignorancia, o la necesidad de la dádiva, de ese pueblo que tampoco se quiere que sea ya pueblo, sino rabiosas barras de fútbol; enfrentadas, buenamente pobres, y así siempre débiles, distraídas, manejables.
Por eso la regeneración no entiende los símbolos patrios ni fiestas cívicas como catalizadores de una sana unidad moral que cohesione a una sociedad políticamente diversa. Al contrario, gracias y a propósito, las apropia como ritos divisivos para fabricar diferencias que generen rencores permanentes, esa gasolina que todo populismo necesita. Y así tenemos soldados de dictaduras extranjeras desfilando en un Zócalo de homogeneidad ideológica, mientras se acusa de traidor a todo mexicano que dude de, o peor, critique al movimiento oficial y sus designios.
El cacique, en la cúspide de tal esfuerzo, prefiere ser dueño de un Estado roto, pero uniforme, que presidente de un Estado competo, pero plural. Prefiere reinar para la mitad que considera suya, que gobernar una república de todos. Prefiere el aplauso fácil de quienes le deben el puesto, y la porra obligada de los rehenes del clientelismo, que el respeto genuino de la ciudadanía libre. Es el síndrome de Estocolmo convertido en base de legitimidad.
Así, pretende privatizar también la representatividad soberana del Congreso de la Unión y el orden constitucional que salvaguarda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque cuando la patria es propiedad de uno, y con ella la voluntad popular, no hace falta entrar en debates, sino pronunciar monólogos; y porque cuando quien dirige es honesto y sabio, la ley deja de ser amparo de la justicia y muta en engorroso estorbo burocrático.
En esta patria privada el único contrapeso aceptable es el Ejército, al que se ceden potestades civiles conquistadas a lo largo de un siglo. Y la única división de poder reconocida es la que impone el crimen organizado. La soberbia del jefe tribal, su burla tosca a las víctimas y críticos, la crueldad con que se castiga a los enemigos políticos, tornan en cobardía y tienen límites: acaban no donde empieza la ley, sino donde comienzan los uniformes y los fusiles.
En esta odisea transformadora, la mexicanidad no se define a partir de la pertenencia ciudadana a la comunidad, sino de la docilidad –genuina o convenenciera– al régimen. En la aventura de la regeneración no se necesita lealtad a las instituciones, sino obediencia a la persona. Y ahora, esta magna visión de 2018 busca su continuación, su profundización en 2024: terminar de hipotecar la patria para el usufructo privado de sus timoneles y cómplices.
Queda en el voto una alternativa: la unidad, imperfecta pero posible, de los diversos; las sumas no desde el purismo, sino desde el pragmatismo con el cuál juntar la fuerza para detener el daño, construir un nuevo horizonte, recuperar la patria pública y empezar a sanar.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA
SERVITJE COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
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