El pasado 7 de septiembre inició formalmente el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia de México. Este arranque es el mejor momento para recordar que quienes aspiran a algún cargo público son sujetos obligados y deberán demostrar, no en los discursos sino en los hechos, su compromiso real por la transparencia y la protección de la privacidad de la sociedad.
Cerca de 97 millones de mexicanas y mexicanos podrán acudir a las urnas a elegir representantes populares (se renueva la Presidencia de la República, 500 diputados, 128 senadores, 9 gubernaturas, 31 congresos locales y distintas alcaldías en 25 entidades federativas), y tanto partidos políticos como institutos electorales deberán cargar correctamente la información a la Plataforma Nacional de Transparencia como indica la ley.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene las puertas abiertas para cualquier duda sobre dichas obligaciones de transparencia; por la importancia del proceso, en el Instituto haremos énfasis en los recursos de revisión que tengan relación con temas electorales, pues los derechos tutelados por el INAI son pilares de la democracia.
En este sentido, el pasado 12 de septiembre participé en el “Tercer Foro Internacional de Transparencia y Periodismo. Ruta Democrática 2024”, organizado por el órgano garante de la Ciudad de México, para hablar sobre cómo debemos seguir profundizando en la alianza entre el derecho de acceso a la información y el periodismo de investigación para, por un lado, dotar de herramientas para que la sociedad tome decisiones informadas y, por el otro, combatir la corrupción, como ha sucedido a lo largo de distintos sexenios con casos como “la corrupción azul”, la serie televisiva “El equipo”, “La Casa Blanca” o las irregularidades en Segalmex.
Además de esta fructífera alianza, la rendición de cuentas se fortalecerá si autoridades electorales, fiscales y de transparencia colaboramos activamente. En este sentido, en marzo de este año, el Consejo Nacional del Sistema de Transparencia (SNT) y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) establecieron un convenio de colaboración para prevenir delitos electorales, lo cual ha implicado sintonizar agendas de trabajo. La misma cercanía ha sucedido entre el INAI y la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa).
Como lo he expresado en los últimos meses, principalmente por la situación que atraviesa el Instituto (al cual le faltan tres comisionados), es preciso combatir cualquier amenaza política en contra de instituciones autónomas –como el Poder Judicial, el INE y el propio INAI– que protegen la transparencia y el Estado de derecho en nuestro país.
De igual forma, es labor de todas y todos cuidar el proceso electoral para que no tengan cabida la opacidad, pero tampoco la desinformación, el odio y el fanatismo, y se recupere la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
POR JULIETA DEL RÍO VENEGAS
COMISIONADA DEL INAI
PAL