En marzo de 2022 presenté ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el propósito de que todos los delitos de carácter sexual no prescriban. Especialmente enfaticé en el horror que viven los menores de edad que muchas veces no pueden reaccionar y señalar a su agresor.
Las víctimas de estas aberrantes agresiones pueden pasar años, incluso décadas para exponer el abuso, hablarán cuando estén listas. Los delitos sexuales contra menores, tales como la pornografía infantil, la pederastia, el turismo sexual, el lenocinio y la explotación sexual, son actos de extrema gravedad que causan un daño profundo y duradero en las víctimas y sus familias.
La representación de menores en actividades sexuales explícitas, es un delito que perpetúa el abuso al ser compartido y consumido repetidamente de forma electrónica por medio de la internet, causando trauma, vergüenza y afectando negativamente el desarrollo emocional, social y sexual de los menores. La actividad sexual entre un adulto y un menor de edad es un acto criminal y abusivo que tendrá graves consecuencias psicológicas y emocionales, incluyendo trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, y un impacto duradero en la autoestima y la confianza.
Si anualmente hay 4.5 millones de niños mexicanos que son abusados sexualmente, es porque entre otras cosas existen mafias que están involucradas en la explotación sexual de menores en contextos turísticos. Esta aberrante cultura de explotación y abuso afecta a algunas comunidades en su conjunto, porque hay pobladores que viven inmersos en ambientes en donde la explotación y comercio sexual de menores son una constante. Los menores abusados padecerán de forma inevitable una variedad de consecuencias a largo plazo que afectarán su vida adulta.
Las consecuencias para las víctimas en su desarrollo pueden abarcar desde problemas de salud mental, dificultades en las relaciones interpersonales, trastornos de alimentación, autolesiones, intentos de suicidio e incluso suicidio completado. Estos traumas también pueden afectar su desempeño académico y laboral, perpetuando un ciclo de desventaja y sufrimiento que el Estado mexicano tiene la obligación de asistirlos para que reciban la atención médica y psicológica necesarias y para castigar de forma contundente y ejemplar a los criminales que se atrevieron a agredirlos sexualmente.
La prescripción de estos delitos es un agravio adicional, ya que permite que los perpetradores puedan optar por escapar y al paso de los años evadan la justicia y las consecuencias de sus acciones. Es fundamental que la legislación se actualice para que estos crímenes sean imprescriptibles, garantizando que los delincuentes sexuales sean perseguidos durante toda su vida hasta que sean capturados y paguen con prisión.
Por eso celebro que esta semana, en la Cámara de Diputados, hayamos hecho realidad eso: los delitos sexuales contra niños y adolescentes no prescribirán nunca.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
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