En diciembre de 1940, el presidente Roosevelt de Estados Unidos pronunció su famoso discurso de “las cuatro libertades”: libertad de expresión, culto, de aspirar a una vida mejor, y de vivir sin miedo. Su prédica concluyó afirmando que Estados Unidos debía convertirse en “el gran arsenal de la democracia”. Para el estadista norteamericano la segunda guerra mundial era un conflicto entre las democracias y las dictaduras militaristas de Alemania, Italia y Japón. La guerra debía ganarse para defender la democracia y los derechos humanos.
Desde 1944, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en varias ocasiones para rediseñar el mundo de la postguerra. En noviembre de ese año, presentaron al mundo su proyecto de Carta de la ONU (“Propuestas de Dumbarton Oaks”). Sin embargo, por oposición de la Unión Soviética y del Reino Unido (que todavía era un gran imperio colonial), el texto no contenía ninguna referencia a los derechos humanos o a la democracia.
Estados Unidos presentó a los gobiernos latinoamericanos el proyecto de Carta de la ONU en la Conferencia celebrada en el Castillo de Chapultepec, en febrero-marzo de 1945. Gracias al apoyo de México y los países latinoamericanos, el texto final de la Carta de la naciente Organización, aprobada en San Francisco en junio de ese año, incluyó la protección internacional de los derechos humanos como uno de sus propósitos fundamentales. Por objeciones de la URSS y el Reino Unido no incluyó referencias a la democracia. En cambio, la nueva organización regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), establecida en mayo de 1948, sí incluyó en su Carta constitutiva referencias explícitas a la democracia representativa y la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, en el clima de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los estadounidenses se olvidaron de la democracia, y la sustituyeron con fervor anticomunista, que los llevó a promover golpes de estado contra gobiernos reformistas electos democráticamente, como en Guatemala en 1954. En las siguientes décadas, diferentes gobiernos de Estados Unidos no tuvieron reparo en apoyar a gobiernos militares o dictaduras civiles en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. La condición era que fueran anticomunistas. El caso más doloroso fue el apoyo de la Administración Nixon al derrocamiento del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, quien había sido electo democráticamente, ocurrido un día como hoy hace cincuenta años.
En 1962 Estados Unidos se propuso expulsar a Cuba de la OEA no porque Castro no fuera democrático, sino porque su gobierno se había declarado marxista y se había aliado abiertamente con la Unión Soviética. Para nuestro crédito, México nunca apoyó esa embestida contra la Isla.
En los años ochenta del siglo pasado la democracia retornó a casi todos los países de la región. A principios de los noventa, los latinoamericanos empezaron a promover “la cláusula democrática” que tenía como finalidad excluir de la OEA, y de las organizaciones subregionales como el MERCOSUR y la UNASUR, a gobiernos que fueran producto de golpes de estado. En 1991, la OEA aprobó la resolución 1080, y en 1992 un protocolo que enmendó la Carta de la Organización, para darle un papel más activo en la defensa de la democracia. Buscaban una especie de “seguro de vida”: que en el futuro los aspirantes a golpistas supieran que no tendrían apoyo externo y serían condenados al ostracismo regional.
El movimiento latinoamericano a favor de gobiernos democráticos, apoyado por Estados Unidos y Canadá, continuó. En abril de 2001 la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, también aprobó una cláusula democrática y, a iniciativa de Perú, que salía del régimen de Fujimori, gobernante democráticamente electo convertido al autoritarismo, instruyó a la OEA a elaborar una “Carta Democrática Interamericana” (CDI), que fue aprobada unánimemente en Lima, el 11 de septiembre de ese año. También un día como hoy, hace veintidós años.
La primera ocasión que la Carta Democrática se aplicó, fue para rechazar el golpe de estado de abril de 2002 contra el presidente izquierdista venezolano, Hugo Chávez, un líder democráticamente electo. La resolución de la OEA aisló a los golpistas y el presidente venezolano regresó sin problemas.
Desde entonces, la CDI ha sido aplicada frente a presuntos intentos de golpe de estado en Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. Muchos otros gobiernos la han invocado en momentos de crisis, como hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en septiembre de 2010 para frenar un presunto intento de golpe en su contra. Por falta de acuerdo entre los gobiernos de la región, no ha sido aplicada en los casos de Nicaragua y Venezuela.
El artículo 1 de la CDI declara que: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Para fortalecer sus democracias, las constituciones de todos los países del continente deberían incluir el “derecho a la democracia” como uno de los derechos humanos fundamentales. Quizá si la CDI hubiera existido en 1973, los gobiernos de la región hubieran condenado el golpe contra el presidente Salvador Allende y aislado al golpista Pinochet. Quizá la historia regional hubiera sido diferente.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR DEL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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