Si como pretende el presidente de la República, el siguiente año se le reduce el presupuesto al Poder Judicial de la Federación, las consecuencias serán graves para todos, pues esta situación afectaría la operación de los órganos impartidores de justicia quienes con menos dinero tendrían que resolver los asuntos que en los últimos años se han incrementado con motivo de los actos y omisiones de las autoridades del Estado.
De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. Esto se traduce en el acceso a la justicia, una prerrogativa fundamental para que todos los ciudadanos hagamos valer nuestros derechos de manera justa ante la ley sin importar sexo, raza, religión o edad.
Ya sabemos que una de las actividades favoritas de López Obrador es contravenir las leyes y violar la Carta Magna sin importar el daño que cause. En este sentido y derivado del acoso y los ataques hacia el Poder Judicial, agudizados a partir de la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2023, es importante que se defienda la asignación de recursos a las instituciones que administran la justicia en el país pues este poder ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en un 15.4% entre 2018 y 2023, siendo los sectores vulnerables los más afectados ya que de esta manera se les dificulta más acceder a sus derechos.
Por otra parte, el proceso electoral 2023-2024 que será el más grande de la historia comprenderá la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular lo que implicará un incremento en los asuntos y por lo tanto, la necesidad de contar con más recursos. Además, el próximo año será necesario resolver 1.3 millones de nuevos casos y se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
Hay que recordarle al inquilino de Palacio que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación le corresponde únicamente a los diputados por lo que le exigimos no interferir en el proceso y mucho menos girar instrucciones a los legisladores del partido oficialista. Tiene que entender que su obligación es respetar la división de poderes esencial en todas las democracias. ¡Ya basta de caprichos, pleitos, ocurrencia e incumplimiento de las leyes!
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
@MARIANAGC
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