El 1 de septiembre de 2023 fue designada como secretaria de Educación Pública la profesora Leticia Ramírez Amaya. Ostentaba en su hoja de vida el ser egresada como maestra de primaria y ser parte de la Coordinadora Nacional del Trabajadores de la Educación (CNTE). De esa manera se selló el aberrante pacto por medio del cual el titular del ejecutivo entregaba la conducción de la educación pública del país a dicho grupo gremial a cambio de sus apoyos políticos.
Para conocer la visión de la nueva titular, la periodista Danielle Dithurbide le realizó una entrevista. El puesto previo de la secretaria Ramírez en el gobierno obradorista había sido el de directora de Atención Ciudadana de la presidencia, antecedido por responsabilidades análogas desempeñadas por años. En algún momento de la mencionada entrevista, la periodista hizo la pregunta sobre cómo va a aprender matemáticas un niño de segundo año de primaria. La respuesta de la maestra Leticia Ramírez fue: No podría contestar eso. Lo que pudo haber pasado como un lapsus o un tropezón de alguien que asume una responsabilidad importante de manera súbita, se convirtió en un acto de sinceridad… En realidad, la nueva jefa de la educación pública en México ignoraba la forma en que se tendría que educar a las niñas y niños, no solo en matemáticas, sino en la malla curricular de conocimientos esenciales como español, geografía, ciencias naturales y ciencias sociales.
Justo cuando el país enfrenta una de sus mejores oportunidades para despegar gracias a las condiciones geoeconómicas que otros países nos envidian y que podrían ser un parteaguas en la historia de nuestro desarrollo, las autoridades del gobierno morenista se dan el lujo de realizar experimentos ilegales con la educación popular; quizá a sabiendas de que solo estarán generando un ejército de futuros desempleados o subempleados que, eso sí, serán carne de cañón electoral y de manipulación política.
Por lo que hemos escuchado de los profetas del populismo educativo, era importante eliminar del plan de estudios las materias que tienen tufo “neoliberal” (no podían faltar las falacias en este desvarío) y sustituirlas por nociones y actitudes de orden social orientadas a la generación de una conciencia comunitaria. Sin embargo, consideramos que la eliminación o mutilación del saber en matemáticas implicará una severa limitación para los educandos, una verdadera discapacidad autoinfligida.
La enseñanza de las Matemática se ha desarrollado ya no solo con la visión de conocimiento estrictamente matemático; en cualquier modelo de aprendizaje moderno, las matemáticas, además de representar el lenguaje universal y común indispensable para la resolución de problemas de todas índole, se convierte, mediante su adecuada enseñanza, en la herramienta para desarrollar pensamiento abstracto, orientación a resolución de problemas y así contribuir a la formación de profesionales y técnicos con amplia capacidad para contribuir a la resolución de los problemas del país, y además insertarse de manera provechosa en el mercado laboral. Lo anterior significa que aprender matemáticas no es, como supone el oficialismo filovenezolano, un grillete que esclaviza al proletariado, sino la adquisición de uno de los conocimientos fundamentales para el desarrollo del conocimiento y de las personas. Fredy González (1998, 2004) califica a la resolución de problemas como una tarea intelectualmente exigente y como una habilidad requerida como condición indispensable para el éxito en cualquier actividad humana relativamente compleja.
Quizá por estas razones es que, fiel a su estilo opaco, el gobierno mandó sellar en secreto las supuestas evidencias del desarrollo de la metodología para la creación de lo que será, junto con el INSABI, la gestión ante el Covid, la Guardia Nacional, la política anticorrupción de este gobierno, otro fracaso más de sus fracasos: la Nueva Escuela Mexicana.
Lo más lamentable del asunto es que quienes sufrirán los daños y las consecuencias de esta alevosa deformación de la formación pública serán los hijos de las familias que no tienen la posibilidad de tener alternativas para satisfacer sus necesidades de educación en estas materias. Condenándolos a no tener las herramientas más útiles para poder enfrentar el complejo ciclo de pobreza en que se encuentran.
En realidad, lo que estamos atestiguando implica una de las peores formas de discriminación posibles: la privación de educación de calidad. Para nadie resulta desconocido que la educación es el principal motor de la movilidad social y con esto, estamos condenando a millones de infantes que viven en la pobreza a continuar este esquema, o peor aun a que sean carne de cañón de la delincuencia. La educación en México se encontraba ya en una condición de deterioro. Pero este gobierno nuevamente deja escapar la oportunidad de llevar a cabo mejoras en un tema fundamental para empeorar las condiciones previamente existentes, tal como lo ha hecho en otros temas como la salud y la seguridad.
Por esas razones nos unimos al llamado del presidente de nuestro partido, Marko Cortés, para detener la distribución de los libros de texto, que son finalmente el resumidero de los efluvios ideológicos de quienes, como ya lo confesaron, no sabrían contestar a la pregunta sobre cómo enseñar matemáticas a un niño de segundo año de primaria. Desde la Cámara de Diputados los integrantes de la Coalición Legislativa ingresaremos una acción de inconstitucionalidad por violación a la Constitución; pondremos a disposición de los padres de familia amparos colectivos para frenar la distribución de los libros; y realizaremos foros de análisis con expertos y padres de familia. Finalmente, citaremos a comparecer a la titular de la SEP y a la subsecretaria de educación básica.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JorgeRoHe
LSN