Una de las peores prácticas de gobierno es reducir las pensiones de aquellas personas que ya están jubiladas, por parte del Estado. Arrebatarles sus insumos económicos, por más altos que sean, es de una crueldad profunda, ya que son vulnerables, trabajaron por años, en puestos de alta responsabilidad, para obtener ese derecho; y en esos términos es una atrocidad flagrante contra la tercera edad.
Pero la pregunta básica es: ¿por qué se tiene que atentar contra el patrimonio de todas las personas que han generado un derecho, así como del resto de la ciudadanía que cumple sus obligaciones fiscales? La respuesta a lo anterior radica en el hecho de que una reforma fiscal que obligue al pago de impuestos a todas aquellas personas que evaden su responsabilidad, genera un costo político alto. Es más fácil someter los derechos de la gente que ya cumple sus obligaciones, sean servidores públicos, trabajadores autoempleados o empresarios.
A la larga, con esta política pública se causa un daño irreparable en la posibilidad de crecer financieramente o en la confianza de inversión, por personas que, a base del esfuerzo, son los que en realidad mueven los procesos productivos y de ascenso de bienestar educativo y económico, pero sobre todo, en la generación de un componente vital para toda la población; el bienestar.
En ese desgaste, vemos un deterioro generalizado que ya se empieza a sentir por la población, que siempre acudió a instituciones gubernamentales, en cualquiera de sus rubros, para obtener educación, salud, justicia, abasto de víveres. Bien sea por qué hayan desaparecido; o por la inutilización y calidad de los servicios.
Lo anterior se debe al despido del 2,596,675 servidores públicos, en estos últimos cinco años, y para los cuales no es posible una recontratación en espacios privados, porque se han reducido, los mismos, en igual proporción.
Siempre ha sido difícil trabajar para el gobierno porque se debe poseer una tolerancia férrea para alinearse a las imposiciones de criterio del personal jerárquicamente superior, que generalmente es temporal, por lo que la vocación del servicio público debe poseer una inmunidad que resista que los puestos de mayor bagaje económico sean desempeñados por el aire político que sople, y no por el perfil adecuado.
Desde los años noventa, se ha ido disminuyendo la planta de trabajadores al servicio del estado; no estamos hablando del personal sindicalizado, quienes son inamovibles en la mayoría de las ocasiones. Me refiero a ese gran grupo que denominan: “De confianza”; cuyos salarios se componen de dos rubros, salario base, y compensación garantizada. El salario base parte de 1 a 246 salarios mínimos, Lo que implica que en realidad el salario compensado es aquél que les permite un ingreso digno. Para que te hagas una idea de lo difícil de ese trabajo, la renuncia, en general, es obligada, bajo amenaza de no pagarles sus derechos de forma proporcional o completa. Por otro lado, las pensiones jubilatorias, solo se pagan con salario base, y no el compensado, lo que implica que muchos trabajadores jubilados se encuentren en estado de indigencia
Para que te sea claro el deterioro de las plazas gubernamentales te muestro las siguientes cifras: en 2016 existían 4 203 475 servidores públicos, es decir, había 344 servidores públicos por cada diez mil habitantes a nivel nacional, de los cuales 210 laboraban en las administraciones públicas estatales y 134 en la administración pública federal. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/publica2018_Nal.pdf. Para 2023, en las 312 instituciones trabajaban 1 606 800 servidores públicos, los cuales además de atender a más personas, han sufrido un recorte salarial importante, ya que poco menos de la mitad de personal (47.8%) recibió remuneraciones mensuales de hasta 10 mil pesos; 22.4% percibió entre 10 mil y 20 mil pesos; 8.4% entre 20 y 30 mil pesos, y uno de cada seis servidores públicos tuvo ingresos por más de 30 mil pesos mensuales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADMONPUBLFED21.pdf . De ahí que arrebatar salarios y pensiones a los trabajadores al servicio del estado, no es una forma de justicia social, sino de deterioro de un sistema, ya de por sí al límite.
¿Ahora entiendes lo qué es arrebatar tu futuro a la mala?
POR SARA MORGAN
@MORGANSAREL
CONSULTORA LABORAL
DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB
PAL