Transparentar los contratos en cualquier orden de gobierno es necesario si queremos fortalecer nuestra democracia, la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.
Los datos recabados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de 2021 al segundo trimestre de 2023 son muy claros: de los 117 mil 961 contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante este periodo, 87.9% (103 mil 684) fueron por adjudicación directa, mientras que solo 12.1% restante se hizo mediante invitación a cuando menos tres personas o por licitación pública.
De igual forma, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Liconsa repiten un patrón similar: de los 19 mil 977 contratos adquiridos por el ISSSTE, 78.7% (15 mil 712) se dieron por adjudicación directa; por otro lado, lo mismo ocurrió con 87.2% de los contratos otorgados por Liconsa.
En los últimos años, la adjudicación directa ha ido al alza en el país y, si bien la ley lo contempla, debe de realizarse siempre y cuando cumple con los montos establecidos, cosa que no se realiza así, además éste es excepcional y debe ser justificado, es una práctica opaca que puede terminar en actos de corrupción.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), desde hace 11 años la tendencia en la Administración Pública Federal marca que siete de cada 10 contratos se hacen sin competencia.
En sintonía, a finales de julio de este año, MCCI publicó un reportaje —hecho principalmente con datos de Compranet— sobre cómo las tres instituciones que ejercen mayores montos en contratos en procedimientos de excepción son el IMSS (45%), el ISSSTE (67%) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) (40%).
Además de que muchas empresas contratadas por adjudicación directa por estas instituciones son de reciente creación y no han participado en concursos públicos.
La situación actual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afecta la transparencia, pues dado que el Pleno del Instituto no puede sesionar, estamos impedidos para desahogar los siete mil 770 medios de impugnación que se acumulan hasta la primera semana de agosto.
Llevamos más de cuatro meses sin poder instruir a los sujetos obligados, entre ellos a los del sector salud, a que entreguen información, como pueden ser documentos sobre compras públicas.
El IMSS es el sujeto obligado que más asuntos tiene interpuestos en el INAI y que se encuentran pendientes de votación, con 922.
Esto afecta a la protección de datos personales, pues muchas personas piden información sobre sus expedientes médicos o sobre sus semanas cotizadas.
Transparentar los contratos en cualquier modalidad y subirlos a la Plataforma Nacional de Transparencia para conocimiento de todas y todos es una obligación; eso es rendir cuentas, de lo contrario, algo se oculta.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
LSN