Nuevamente la ultraderecha mexicana sale a relucir con su miseria moral, su talante antidemocrático y su mezquindad en contra de un gobierno democráticamente electo por la inmensa mayoría de las y los mexicanos, y para ello no tiene el menor rubor en pasar por encima del derecho de las y los niños a la educación y del interés superior de la niñez.
Haciendo gala de un desconocimiento supino o de un menosprecio absoluto por nuestra Constitución, que en su artículo 3º señala con toda precisión y claridad que corresponde al Estado la rectoría de la educación y que es facultad del Ejecutivo Federal determinar los planes y programas de estudio, una Jueza de Distrito en Materia Administrativa pretende suspender la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, a partir de un amparo promovido por la organización ultraconservadora llamada Unión Nacional de Padres de Familia.
Esta organización vinculada al PAN y al Yunque, beneficiada durante los gobiernos panistas, aliada de otros grupos conservadores como Provida y la Asociación Nacional Cívica Femenina, ha hecho manifiesto en muchas ocasiones su pensamiento e ideología medievales; en el pasado se ha pronunciado en contra de la regulación del uso lúdico de la cannabis, de la despenalización del aborto, de la educación sexual y se opuso tajantemente a la disposición del Gobierno de la Ciudad de México de permitir a las niñas el uso libre de pantalón o falda en el uniforme escolar, lo que les escandalizó porque “promueve la ideología de género”.
En 2019 tuvieron la puntada de decir que la reforma educativa era comunista y tenía la intención de adoctrinar ideológicamente a los estudiantes, un verdadero dislate sin pies ni cabeza que sólo puede provenir de un pensamiento profundamente retardatario como el de esa organización, pero que además ha quedado desmentido al paso del tiempo; nadie, absolutamente nadie más que ellos acusa que la educación en México sea comunista.
Para iluminar el oscurantismo intelectual de estos conservadores y también de la Jueza de Distrito, hay que decirles que la máxima ley que rige nuestro país es la Constitución, no la Biblia; y que el artículo 3° constitucional mandata, además de lo que señalé anteriormente, que la educación es laica y se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva (sí, igualdad sustantiva, aunque a la UNPF le espanten la ideología de género, los derechos de las mujeres y de los grupos discriminados como la comunidad LGBTTTIQ).
Por otro lado, la Ley General de Educación señala en su artículo 113 que corresponde exclusivamente a la autoridad educativa federal elaborar y enviar a las entidades los libros de texto (la jueza debería, por lo menos, leer la ley antes de dictar suspensiones definitivas a diestra y siniestra). También hay que aclararles que, si bien en la elaboración de los planes y programas de estudio se debe considerar la opinión de diversos actores sociales involucrados en la educación, eso no significa que dichos actores impongan su visión e ideología pasando por encima de la facultad del Ejecutivo Federal.
Una cosa es clara, la 4T no impuso una educación comunista ni de adoctrinamiento, pero la UNPF sí pretende imponer su oscurantismo ideológico a toda la niñez mexicana.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
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