En Jalisco el problema de las desapariciones de personas no es una prioridad. Para el gobierno de Enrique Alfaro y del congreso de Jalisco, controlado por una mayoría de legisladores afines a Movimiento Ciudadano, el problema de los desaparecidos no es una prioridad.
Observemos algunos datos duros, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco opera este año con un presupuesto raquítico de solamente 141.8 millones de pesos. Para ponerlo en contexto, esto significa sólo 0.1% del presupuesto total de Jalisco que para este año asciende a más de 153 mil millones de pesos.
Este presupuesto que aprobó el congreso jalisciense es ridículo pese a que este estado ocupa desde hace varios años el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas. Al día de ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda de Segob registraba 14 mil 889 personas desaparecidas en Jalisco.
Recordemos, que en la mayoría de los indicadores del Índice Global de Impunidad de México (UDLAP 2022) la Fiscalía del Estado de Jalisco, el sistema de seguridad y el poder judicial local tienen importantes déficits de personal y presupuesto para atender la crisis de violencia que sufre desde hace dos sexenios.
Por ejemplo, cuenta con 37% menos personal que el promedio de las fiscalías estatales. Cuenta con solo 0.51 policías judiciales y 3.68 magistrados y jueces por cada cien mil habitantes cuando el promedio nacional es de 0.86 y 4.36 respectivamente. En lo que va del sexenio de Alfaro, la impunidad en Jalisco aumentó considerablemente. Este estado escaló diez lugares en el ranking de impunidad, pasando del lugar 13 al 27 según este reporte.
El gobierno de Jalisco ha querido escapar al escrutinio de la opinión pública sobre el fracaso evidente de su política de seguridad y justicia al argumentar que es un problema estructural por la lucha de las organizaciones delictivas nacionales. Efectivamente, en este estado han operado con absoluta impunidad los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.
La crisis de inseguridad en Jalisco saltó a los titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales por el secuestro y asesinato de los jóvenes secuestrados en los Altos de Jalisco. Sin embargo, este es solo un caso de decenas de levantamientos y secuestros de personas, no solo en el norte del estado sino también en la zona metropolitana de Guadalajara.
La organización periodística ZonaDocs con el apoyo de la plataforma CONNECTAS documentó como Guadalajara se convirtió en una “zona de exterminio y desaparición” de cientos de personas que fueron levantadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas desde 2019. Los datos son espeluznantes, la localización de fosas aumentó 27%, 154% los lugares de exterminio y 700% los hallazgos de segmentos de cuerpos en bolsas de plástico. Esta terrible realidad ha provocado un aumento significativo de los colectivos de búsqueda de personas que incomoda mucho al gobernador Alfaro y al fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
AGENDA ESTRATÉGICA: Enrique Alfaro puede aportar algunos votos y movilización en favor de la senadora Xochitl Gálvez. Sin embargo, este apoyo trae consigo un terrible lastre de imagen pública negativa por el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad y justicia en Jalisco.
POR GERARDO RODRÍGUEZ
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