En México se ha invisibilizado a las infancias que han nacido y habitado durante sus primeros años de vida en los centros penitenciarios, actualmente hay más de quinientos niños y niñas en el país que viven con sus madres privadas de la libertad, en la Ciudad de México son 67.
Fue hasta 2016, hace apena unos años, que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoció la existencia de las infancias que, como consecuencia de una infracción a la ley por parte de su madre viven o nacen en reclusión, se estableció entonces, que su permanencia máxima en los Centros Penitenciarios sería hasta los tres años, la misma ley en sus artículos 10 y 36 menciona entre los derechos de las mujeres privadas de su libertad, la garantía a sus hijas e hijos de recibir alimentación adecuada y saludable, educación inicial, vestimenta de acuerdo a su edad, acceso a actividades lúdicas y recreativas, y a la atención pediátrica.
Todo en un sentido progresivo para garantizar el interés superior de la niñez consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución. En consecuencia, los Centros Penitenciarios instalados en la Ciudad de México, deben cumplir con la legislación en la materia no sólo con la federal, también con la local que en su artículo 11 señala que “La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”.
En la capital mexicana existen 13 Centros Penitenciarios para adultos, de los cuales 2 son para mujeres: el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan en los que de acuerdo con cifras del 2021 de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario hay más de mil seiscientas mujeres, y en los que se deberían brindar las condiciones adecuadas para las niñas y niños que los habitan.
A pesar de que existen ordenamientos jurídicos que mandatan a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar un adecuado desarrollo de la niñez que vive con sus madres privadas de la libertad, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que los servicios que reciben niñas y niños dentro de los Centros Penitenciarios son escasos e insuficientes, lo que violenta el acceso pleno a sus derechos humanos.
Es indispensable y urgente que, en la Ciudad de México, una de las cinco entidades federativas que más concentran infancias viviendo en reclusión, se garantice el interés superior de los menores. Por ello, desde el Congreso local presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Centros Penitenciarios, para precisar las condiciones y los derechos que deben ser atendidos por las autoridades de los Centros Penitenciarios de la capital en relación con las niñas y niños que habitan en ellos.
El objetivo de la propuesta es mejorar la vida de las infancias que por circunstancias ajenas a ellas tienen que vivir en los Centros Penitenciarios, garantizarles condiciones de igualdad y bienestar para su sano desarrollo físico y mental, tales como espacios dignos, además de que se aseguren sus necesidades de higiene, esparcimiento, educación, atención médica y alimentación adecuada y saludable para su estancia.
Adicionalmente, en búsqueda del interés superior de la o el menor, la propuesta visibiliza a las infancias con discapacidad, al permitir previo análisis del caso, prolongar su estancia en el Centro Penitenciario para permanecer bajo el cuidado de su madre.
Garantizar los derechos de las niñas y los niños que viven con personas privadas de la libertad es necesario para construir una sociedad más justa, en la que no se invisibilice a ninguna infancia, el ejercicio de sus derechos debe ser pleno y estar protegido y contemplado en la ley. Por ello, es importante legislar en la materia para que nunca ninguna niña, ningún niño se quede atrás por invisibilidad social y abandono institucional.
POR TANIA LARIOS
SECRETARIA GENERAL DEL PRI CDMX Y DIPUTADA LOCAL
@TANIALARIOSMX
PAL