Una tragedia; la muerte de una niña, y nuevamente la constante negligencia, falta de inversión e infraestructura del Sistema de Salud en México. Es la noche del 10 de julio en Playa de Carmen, Quintana Roo, una vez más se desploma sobre las personas que más lo necesitan una estructura gubernamental que por décadas ha mostrado constantemente su ineficacia, descuido y abandono. Una intensa cobertura mediática nos informó de este drama:
Un elevador provocó la muerte de una niña de seis años en un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social; esta vez no se trató del desabasto de un medicamento; la ausencia o deficiencia del algún equipo o dispositivo médico, tampoco la incapacidad o falta de profesionales de la salud que pudieran atender el padecimiento de esta menor: dengue grave (del cual al parecer se recuperaba). No, ahora se trató de una falla crítica en el funcionamiento de un elevador.
Desde una visión simplista y superficial podría parecer un hecho aislado; desde la perspectiva del estado del sistema público de salud en México, se trata de una más en la larga lista de negligencias que padece la población que tiene la necesidad de recibir servicios públicos de salud en nuestro país.
A cuarenta años de distancia y el paso de múltiples administraciones públicas; ideologías; planes nacionales de desarrollo; plataformas políticas, etc., nos volvemos a topar y encontrar con el mismo tema: Un muy deficiente sistema para prestar servicios de salud.
La tragedia del 10 de julio, no solo consistió en falta de calidad y capacidad operativa, sino una negligencia, que ante un empresa prestadora de servicios de mantenimiento de elevadores en un hospital público, no se tuvo la capacidad de llevar a cabo una supervisión adecuada, por parte de una dependencia pública del calibre y tamaño del Instituto Mexicano del Seguro Social, considerada hoy en día, el baluarte de la actual administración pública federal para la prestación de servicios de salud a sus derechohabientes, así como a personas sin seguridad social.
Este hecho, a la luz de las obligaciones del Estado mexicano en materia del derecho humano a la protección de la salud, resulta de la mayor gravedad. Desde luego, independientemente de las responsabilidades penales y civiles que se puedan imputar a las personas y empresas que resulten responsables de este trágico hecho Pareciera que, en algunos casos, de poco han servido las estrategias y políticas ejecutadas durante los Siglos XX y lo que ha transcurrido del XXI; por nuestro país en búsqueda de una forma adecuada y digna para atender a la salud de las personas a través de la prestación de servicios públicos de salud.
Nuestro país estructuró los servicios de salud paulatinamente, hasta culminar una parte importante de ese esfuerzo en el año 1984, con la promulgación la Ley General de Salud, Reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue modificada en el año 1983 para incluir el derecho a la protección de la salud. Se pretendía superar deficiencias en calidad y cantidad de servicios de salud; Grandes objetivos con resultados pobres y con enormes limitaciones a la fecha; Grandes objetivos con resultados pobres y con enormes limitaciones a la fecha.
Este artículo no tiene como propósito el análisis jurídico de la tragedia del 10 de julio, y sus implicaciones en materias, penal, civil y administrativa, las investigaciones arrojarán los resultados que, en su caso, sancionarán a los responsables. He querido acercarme al tema, para poner de relieve el fracaso de una política pública que por décadas ha sido incapaz de alcanzar los objetivos planteados para la protección de la salud.
Los servicios de salud y la infraestructura con que debía contar el Hospital General de Zona No. 18, del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, debían garantizar la seguridad de sus pacientes, así como proporcionar servicios de salud bajo los estándares constitucionales, convencionales y legales del más alto nivel posible, y no, un mantenimiento negligente y sin la debida supervisión de los servidores públicos a cargo de la conservación del Hospital. Tal protección no solo debía incluir la prestación del servicio de salud, per se, sino también contar con la infraestructura material adecuada y segura.
Ahora bien, el drama ocurrido en Playa del Carmen tiene directamente que ver con un tema de política pública; la planeación y estructura de los servicios públicos de salud. Existen datos que muestran con claridad, que en nuestro país no se invierte lo suficiente en la prevención y atención de la salud. Se puede contar con un entramado legal sólido a nivel constitucional y legal, pero, la ausencia de una inversión en cantidades suficientes siempre traerá consigo una deficiente atención de la salud.
Finalmente, existe otra arista que debe mencionarse en el caso del trágico hecho ocurrido el 10 de julio, se trata de las contrataciones públicas. México cuenta con un régimen constitucional y legal en materia de contratación pública, que exige que el estado mexicano contrate bajo las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer en este caso, el derecho humano a la protección de la salud. Hemos ido conociendo paulatinamente que la empresa a cargo del servicio de mantenimiento del trágico elevador de Plaza de Carmen tiene, por decir lo menos una dudosa infraestructura y corta experiencia para desempeñar el servicio para el que fue contratada. ¿Bajo qué parámetro de calidad y experiencia fue contratada? ¿Qué servidor público y bajo que procedimientos debería supervisar tan delicado servicio?
La salud y su protección demanda de México y sus gobiernos la máxima atención en todos los ámbitos y no solo en la prestación directa de servicios. La infraestructura y su mantenimiento forman una parte integral y esencial para colmar tal derecho de todas las personas. Una vez más, el Sistema Nacional de Salud y sus componentes quedan en entredicho, y se causa la muerte de una niña, con un proyecto de vida por delante y el profundo e irreparable dolor causado a sus padres y familiares. Pareciera que las deficiencias y negligencias no solo en el abasto de medicamentos y otros insumos continúan, sin fin. No aparece en el horizonte alguna luz que permita tener esperanza en este tema fundamental para las personas en nuestro país.
Gustavo Santillana
Vocal del Consejo Directivo de la Barra
Mexicana Colegio de Abogados, S.C: