En una acertada decisión, la SCJN activó la función jurisdiccional y de resolución de conflictos que tiene el órgano garante de la transparencia en México.
El INAI estuvo imposibilitado durante 145 días para sesionar y resolver las quejas que interponen las personas en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Esto porque la Ley Federal de Transparencia señala que las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Presidente.
Es cierto, esta determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte con el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek es un paliativo y no justifica ni exime de la obligación constitucional que tiene el Senado de la República de nombrar a tres personas como comisionados.
Mientras el Senado continúe con la omisión, el INAI podrá sesionar “provisionalmente” y de forma válida con cuatro de sus integrantes, privilegiando los derechos humanos frente a un “diseño normativo inviable”. Recordando así que el derecho evoluciona y la única constante es el cambio.
Así la SCJN enmienda un poco el camino sinuoso que ha seguido el INAI en los últimos meses, sin meterse en líos de ordenar a otro a poder, el Legislativo, que haga su trabajo y designe finalmente a uno, dos o a las tres personas que faltan en el Pleno del Instituto, cuyos procesos se iniciaron con sus respectivas convocatorias, fase de revisión de documentación y entrevistas.
La Suprema Corte informó que la Segunda Sala consideró en su sentencia que la parálisis del órgano de transparencia actualiza una violación constante y reiterada de dos derechos fundamentales, lo que impidió a quienes son usuarios obtener una respuesta a sus solicitudes o la posibilidad de inconformarse ante una respuesta incongruente y sin calidad.
Son poco más de 8 mil quejas de la ciudadanía las que se quedaron “paradas” tras la salida del entonces comisionado Francisco Acuña, que ahora podrán ver la luz y ser desahogadas en sesiones públicas del Pleno del INAI.
A nadie le conviene regresar al oscurantismo, la rendición de cuentas de la mano de la transparencia tienen que ser valores, principios y herramientas permanentes en nuestra sociedad y en las instituciones públicas.
Ojalá el Senado de la República deje la cuestión “contingente”, como la definieron los magistrados , que no es otra cosa más que falta de voluntad política, y regrese el orden constitucional que establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión y que va de la mano con otros derechos.
POR NALDY RODRÍGUEZ
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