Una de las decisiones más importantes para el siguiente año, además de la contienda electoral, será la renovación de dos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tanto el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como el ministro Luis María Aguilar Morales, cumplirán en noviembre de 2024 quince años en su cargo, por lo que ambos deberán ser reemplazados.
El proceso de renovación de los Ministros de la SCJN se encuentra establecido en el artículo 96 de nuestra constitución, mismo que establece que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Pero, si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En el caso que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente.
En este sentido, habrá que cuestionarse qué Presidente será el que someta a consideración del Senado las dos ternas propuestas (en su caso), para la elección de los dos nuevos Ministros de la SCJN. De modo que, las ternas las podría presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto si decide enviarlas al Senado durante el último mes de su mandato, pero de no hacerlo, será entonces el nuevo Presidente o la nueva Presidenta Constitucional quién lo decida, apenas tome posesión de su mandato el 1° de octubre de 2024.
Independientemente de quién presente la o las citadas ternas, está decisión será fundamental para consolidar el Estado de Derecho, mantener un equilibrio de poderes y respetar la vigencia de la Constitución. Porque en caso de que el Congreso realice reformas inconstitucionales a las leyes, se requiere de una mayoría calificada para frenarlas, es decir 8 de los votos de los ministros que integran a la SCJN. Un ejemplo fue la votación de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la SCJN, en abril de 2022, en dónde solo se obtuvieron 7 votos en contra, teniendo como consecuencia que no se pudiera declarar la invalidez de la citada norma.
En este contexto, y de acuerdo al escenario político actual será necesario que los dos nuevos ministros de la SCJN sean de probada solvencia moral y se limiten a ejecutar fielmente su mandato, es decir que dejen de lado cualquier proclividad, que actúen como un verdadero contrapeso en el ejercicio de poder y frenen los posibles abusos al amparo de la constitución. Solo así, ninguna persona o poder podrá estar por encima de la ley.
POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI
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