Una de las características de cualquier Estado democrático de derecho es la existencia de un sistema de pesos y contrapesos. Para ello, la existencia de los tres poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos.
En la actual administración, desde su inicio, hemos presenciado como el titular del Poder Ejecutivo y el partido que lo postuló atacan y erosionan a los órganos que le representan contrapeso, principalmente los que tienen el deber de proteger los derechos humanos, simplemente porque les estorban. Me limitaré a mencionar los casos más importantes para la democracia.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se nombró como titular a una persona carente de perfil y méritos. En sus casi cuatro años de gestión ha demostrado una clara sumisión al gobierno. Lejos de proteger los derechos humanos, ese organismo por encomienda defiende posturas políticas, al grado de inmiscuirse en asuntos electorales que por mandato constitucional tiene vedados.
El INAI, garante de dos derechos fundamentales clave: acceso a la información pública y protección de datos personales, fue atacado desde el inicio del sexenio y ahora han logrado dejarlo completamente inoperante, al no designar a tres de sus siete integrantes, de manera que no existe posibilidad de hacer que los órganos del Estado transparenten su gestión y el uso de los recursos públicos.
Al Instituto Nacional Electoral le han recortado los últimos cinco años el presupuesto, lo que pone en constante riesgo la organización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, al grado que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez en la historia, revocó el presupuesto de egresos de la federación 2022, por haberse realizado un recorte inédito del 26%, sin motivación ni justificación alguna. ¿Por qué esa cantidad? Porque se les ocurrió.
En esa misma lógica, se augura un nuevo recorte. El presidente nuevamente criticó el proyecto de presupuesto del INE para 2024, en que se renovarán poderes federales y locales en las 32 entidades del país, al señalar sin sustento alguno: “es mucho y que podría ahorrarse como 10 mil millones”. ¿Por qué esa cantidad? Porque se le ocurrió.
Posteriormente, en la reciente renovación de cuatro de los miembros de su Consejo General, el procedimiento fue altamente cuestionado y terminó con una designación por sorteo, dada la incapacidad, quizá intencional, de llegar a acuerdos políticos con la oposición. Además, el actuar de dos de esos nuevos integrantes, miembros en la Comisión de Quejas y Denuncias, genera suspicacias porque está poniendo en grave riesgo el proceso electoral que aún no ha comenzado, al permitir conductas que claramente vulneran la equidad en la contienda.
No siendo suficiente, ahora la embestida va contra el Poder Judicial, al que igualmente el presidente ataca constantemente en las denominadas mañaneras por sus decisiones, solo porque le impiden seguir violando la Constitución. Ser un contrapeso y cumplir con su trabajo ahora provoca que haya un intento de ahogar presupuestalmente al último bastión de protección de los derechos humanos, que sigue siendo un contrapeso real al poder que ha concentrado el titular del Ejecutivo.
El amago está hecho. Hace unos días miembros de morena anticiparon que el recorte presupuestal para 2024 al Poder Judicial será de entre 15 y 25 mil millones de pesos (aproximadamente una tercera parte). ¿Por qué esa cantidad? Porque se les ocurrió.
Todo esto para resaltar el grave peligro que estamos viviendo. La concentración del poder en una sola persona, con un legislativo cooptado por el partido mayoritario y la erosión del poder judicial y los órganos autónomos. Los recortes presupuestarios que se anuncian ponen en riesgo el funcionamiento de instituciones clave en el control del poder, en un año en que, con la elección más grande de la historia, no solo está en juego la alternancia en los poderes públicos, sino la pluralidad y la democracia misma. Me parece es de alerta máxima.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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