El viernes pasado, durante la conferencia matutina, se cometió el más grave acto de censura en contra de los medios de comunicación, sus dueños y colaboradores.
Desde su génesis, el obradorismo se ha desarrollado y prosperado como un movimiento antiliberal y antilibertario, que trastoca —con sus acciones— derechos individuales fundamentales. Es un juego de suma cero: lo que pierden los ciudadanos lo gana el movimiento.
A pesar de la gravedad de sus acciones, la actitud del Presidente frente a los medios no es sorprendente ni novedosa. En la medida en que los ciudadanos estén a merced del poder estatal o de los grupos delincuenciales, el ámbito de acción de su movimiento aumenta. Ejemplos sobran.
El obradorato gana (y los ciudadanos pierden) en la medida en que avanza y se consolida un narco-estado. El Presidente no es insensible a las matanzas, sólo es un pragmático y sabe que la perpetuación de su movimiento está en función de la vulnerabilidad ciudadana.
Esta gesta antiliberal suprime la viabilidad de nuestro país como un Estado funcional. Lo ocurrido en Lagos de Moreno y la reacción presidencial son un nuevo nadir en el sometimiento institucional por parte del crimen organizado.
El escenario es desolador y evidencia lo que se vislumbraba desde hace meses: el crimen organizado co-gobierna en México y lo hará durante los años por venir.
La hegemonía que han establecido los cárteles en gran parte del territorio nacional va en detrimento de las libertades individuales.
Se calcula que los 700 municipios donde las autoridades co-gobiernan con los cárteles del Pacífico, el de Los Zetas y La Familia Michoacana han perdido 30 por ciento de su población, que ha sido desplazada de sus comunidades por la total indefensión en la que viven. La estrategia de colaboración con el crimen ha sido hasta ahora causante del período de mayor violencia en la historia reciente de México.
Haber renunciado a combatir el hampa ha sido, a todas luces, un grave error y le resta herramientas de sobrevivencia a la población más vulnerable y a los más pobres. Y coloca al artífice de esta estrategia como el mayor benefactor del crimen.
En el país —de acuerdo con la ENVIPE— 62 por ciento de las familias ya no dejan que sus hijos salgan a la calle, 50por ciento dejó de salir en la noche, 44 por ciento ya no carga dinero, 32 por ciento no sale a caminar y tampoco va al cine. Según Kathya Millares (Nexos, Agosto 2022) en las comunidades dominadas por los grupos delincuenciales, durante el día ya no es permitido escuchar música o prender la luz durante la noche. Se vive bajo un toque de queda permanente.
La amenaza más grande a nuestras libertades proviene del Estado y de su colusión con los delincuentes. Nuestra democracia está en riesgo y los comicios del próximo año serán fundamentales. Muy probablemente sean los últimos en los que podremos votar en completa libertad.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1W
MAAZ