COLUMNA INVITADA

La curva del Gran Gatsby: la respuesta del rezago estructural en México

Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos

OPINIÓN

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Luis Miguel Martínez Anzures / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

La desigualdad salió por la ventana de los análisis de dinámica social, y/o económicos desde hace mucho tiempo, pero ha vuelto por la puerta grande. Y es que, si se repasan con detenimiento la gran mayoría de los manuales de Economía de las últimas tres décadas, las cuestiones relacionadas con la extrema riqueza y la extrema pobreza, o no están, o figuran tan sólo en las páginas colaterales de lo que para estos documentos son las tesis centrales de sus análisis; es decir, aquellas que se saltan los estudiantes cuando han de examinarse porque saben que no se las van a preguntar. Una verdadera lástima, debido a que lo que se aprende, no es una observación completa de la realidad, sino solamente una visión parcial de esta última.

Al respecto, la “curva del Gran Gatsby”, es un término utilizado para describir las disparidades económicas y sociales que pueden surgir en una sociedad a medida que la riqueza y el éxito se concentran en manos de unos pocos, mientras que otros luchan por mejorar su situación. Esta conceptualización se ha materializado por medio de una gráfica de correlación entre dos componentes sustanciales para comprenderla: la desigualdad económica y la movilidad social.

En este sentido, se dice que el término de este gráfico de análisis, está basado en la novela del mismo nombre escrita por el famoso escritor, F. Scott Fitzgerald, en donde se examina la decadencia de los valores en la sociedad estadounidense durante la década de 1920. Lo notoriamente significativo de esta obra literaria, es que retrataba la ostentosa riqueza de la época y la desigualdad que persistía en la sociedad, (la cuál como se puede apreciar no se ha reducido, sino al contrario, se ha incrementado exponencialmente).

De acuerdo con la organización sin fines de lucro Oxfam, la mayoría de las poblaciones creen que las leyes y las normativas están concebidas para beneficiar a otros, (a los ricos) y, por lo tanto, generan desigualdad. Con base en el “Informe Gobernar para las Élites. Secuestro Democrático y Desigualdad Económica”, realizado por este mismo organismo, se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de la gente considera que las leyes y las instituciones están diseñadas para favorecer a los más adinerados. Mal augurio para la democracia. En España, por ejemplo, ocho de cada 10 personas están de acuerdo con esta afirmación. Esto evidencia, que la desigualdad importa cada vez más a los ciudadanos, en contra de lo que hace unos años declaraba la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Anne Kruger: “Las personas pobres están desesperadas por mejorar sus condiciones materiales en términos absolutos, en lugar de avanzar en el ámbito de la distribución de los ingresos. Por lo tanto, parece mucho mejor centrarse en el empobrecimiento, que en la desigualdad”.

La declaración anterior, ayuda a entender con precisión la siguiente cita de la investigación hecha por OXFAM: 

“Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando.”

Ante la interesante introducción de este informe es útil, visualizar de donde proviene toda la desconfianza de la que son presa las instituciones: de los diferentes órdenes de gobierno, pero en especial, tanto los políticos como el poder judicial en el mundo, gozan de un descrédito generalizado y por supuesto, de una alejamiento respecto de la sociedad a la que dicen gobernar, debido a que es su accionar cotidiano, ha generado políticas públicas  y decisiones normativas que favorecen a los más privilegiados, sin importar si los países son desarrollados o no.

En México los problemas estructurales se han vuelto intergeneracionales como la pobreza y peor aún, la desigualdad o movilidad social. Ya que, si se retoma el referente de la curva del Gran Gatsby, se logrará identificar que la correlación entre una significativa inmovilidad social se ve reflejada en una pronunciada desigualdad social y económica. Y es que, en este país, de acuerdo con el “Informe de movilidad social en México 2019”, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en 2019, 49 de cada 100 personas que nacen en lo más bajo de la escalera social, se quedan ahí de por vida, en comparación de los que nacieron en lo más alto, de esos el 57% se quedan ahí por el resto de sus vidas.

Ahora bien, en la misma ruta de la desmitificación hay una pregunta clave que se requiere resolver, ¿tener mejor educación en México es clave para una mejor movilidad social?

En primera instancia, se ha tenido la creencia histórica de que las posibilidades de las personas para insertarse en el mercado laboral y tener mejores salarios, dependerá en buena medida de sus logros educativos y de la calidad de formación con la que cuenten. Sin embargo, con base en el contexto actual y la dinámica de competitividad estratégica que ha logrado establecerse en este siglo, la evidencia internacional refleja que elevar los niveles educativos de una nación, ya no es suficiente para asegurar que las personas tengan trabajos dignos.

Un dato que podría ayudar a ilustrar mejor este argumento es que hoy en México, el mercado laboral se determina en buena medida por su red de contactos de información con la que cuentan y los lugares en los que residen. En otras palabras, en buena parte en sus circunstancias de origen. Por otro lado, existe el mercado informal que responde a las posibilidades de flexibilidad que el mercado laboral formal no tiene, pero a costa de la desprotección de la seguridad social.

Por lo que se infiere que es por la misma falta de seguridad social justo y eficiente que el trabajador se ve forzado a optar por la informalidad, en conjunto con el extracto social a donde pertenezca. Y es que retomando los datos ofrecidos por el estudio del Instituto Espinosa Yglesias solo el 5% de padres sin escolaridad logran estudiar una licenciatura, en comparación con el 64% de los hijos de padres con estudios universitarios.   

Y por si fuera poco de acuerdo con la misma evidencia presentada por este organismo, se reveló que para que un individuo pueda prosperar sus circunstancias dependerán de la siguiente distribución: 46% de la riqueza del hogar de origen, 18% del máximo logro educativo de los padres, 11% del entorno social de origen, 11% del territorio/región del país y 9% si la comunidad origen es urbana o rural.

Como puede apreciarse, estos factores están fuera del control del individuo, por lo que el fenómeno de la pobreza y su distribución geoespacial e intergeneracional es un fenómeno que va más allá de una falla en el ascensor social y por supuesto, de la creencia común de que basta con echarle ganas para cambiar drásticamente las condiciones estructurales que impiden que una persona se desarrolle competitivamente en un país como este. 

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

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