La violencia y el crimen ha sido institucionalizado por la política de “abrazos no balazos”. La indolencia y la omisión de las autoridades, ha desatado un torbellino de violencia y de terror incontenible del que, por ahora, nadie puede escapar.
Las noticias sobre hechos de sangre se agolpan cada día, hechos recientes o pasados brotan por todos lados y desbordan nuestra capacidad de asombro y de reacción, hasta conformar una nueva pedagogía social, la normalización de la violencia.
Es tal el impacto de la violencia que se vuelve incomprensible, por irracional, tratar de comprender los turbios motivos que llevaron al asesino de Milagros, a cometer un crimen tan horrendo en Guanajuato; en medio de la ofuscación por la violencia cotidiana, parecen irrelevantes las acciones institucionales que permitieron la identificación y captura del homicida, en una ciudad como León, equipada con cámaras de seguridad y en un estado con autoridades concentradas en resolver el problema de la inseguridad.
Sorprenden las declaraciones del gobernador de Veracruz ante la escalofriante noticia del hallazgo de decenas de cuerpos mutilados, almacenados en hieleras, en dos casas cateadas en Poza Rica. Reducir estos hechos al ajuste de cuentas entre grupos delictivos y seguir con la fiesta, es una irresponsabilidad y una muestra palpable de la indolencia de las autoridades.
Estremece el incierto desenlace de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado viernes en Lagos de Moreno, cuando iban a la feria del pueblo. En Jalisco, como en todo el país, hay miles de familias desesperadas por el paradero de los suyos, sin que a la fecha se les reciba como ha sucedido con las madres buscadoras.
A ocho meses del atentado contra Ciro Gómez Leyva, indigna la falta de respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la impunidad en este y otros atentados contra periodistas, es una injusticia y un mal mensaje para el ejercicio de la libertad de expresión. Ante la irrelevancia con la que la autoridad local atiende estos en estos casos, es necesaria la intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Como se puede advertir, la crisis de seguridad que lastima al país va más allá de fronteras y banderas políticas, es un tema de estado que requiere de la intervención de las autoridades de los tres ordenes de gobierno, de las instituciones encargadas de la seguridad y de la procuración y administración de justicia.
La emergencia por la violencia, plantea como única alternativa para las autoridades asumir su responsabilidad constitucional y legal. La negación de la realidad, el cálculo político y el silencio como estrategia, es una grave omisión, una cesión de autoridad constitutiva de delito y una doble victimización para las personas afectadas por este flagelo.
La institucionalización de la violencia ha cobrado 157, 204 vidas humanas en este sexenio. Ante la cerrazón de las autoridades y la resistencia para cambiar la estrategia de seguridad, debemos plantear como exigencia y prioridad al próximo gobierno, una acción de emergencia que detenga el derramamiento de sangre y las distintas manifestaciones de violencia cotidiana que lastiman a la sociedad.
En ello, nos jugamos el presente y futuro del país.
POR MARCO ADAME
Analista y Consultor Político
MAAZ