En días pasados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza obtenidos mediante la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI para la estimación de pobreza. A pesar, de que algunos datos suenan alentadores, de una evaluación en conjunta de tales indicadores podemos afirmar que este gobierno fracasó en su prédica propagandista y que “primero los pobres” solo fue un slogan de campaña.
Lejos de echar las campanas al vuelo, el gobierno federal no debe intentar meter el polvo por debajo de la alfombra y niegue la realidad que claramente estamos observando y los dolorosos retrocesos. Por ejemplo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema no se redujo, por el contrario aumentó pasando de 8.7 en 2018 a 9.1 millones de personas en 2022. Representando un fracaso en la política social para atender a la población más vulnerable en ingresos y carencias sociales.
Los aspectos en que se revela con mayor claridad el empeoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente la más necesitada son aquellos referidos a salud y educación.
En materia de salud pública, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas. Las personas con menores ingresos reportaron una mayor incidencia en la carencia por acceso a los servicios de salud.
En cuanto al porcentaje con carencia por acceso a los servicios de salud, la población que habita en zonas rurales fue de 54.8%, cifra superior en 15.7 puntos porcentuales respecto al porcentaje nacional (39.1%); en contraste, en el ámbito urbano, el porcentaje fue de 33.9% de las personas. La merma en la garantía y protección de este derecho fundamental se concentró en las zonas rurales y en los estados con mayor pobreza.
Estamos en condiciones de afirmar que lo anterior fue resultado del desmantelamiento del sistema de salud pública iniciando con el Seguro Popular que fue sustituido por el fracasado INSABI y sin que hasta ahora se logre reorganizar un servicio universal de acceso a la salud para la población sin seguridad social desde servicios de primer contacto.
De atención médica de segundo y tercer nivel a enfermedades catastróficas como diabetes y cáncer, ni hablamos puesto que estas no se incluyen en los programas de la reorganización planteada recientemente por el gobierno. Lejos de vislumbrar corrección del rumbo, hemos visto reformas tendientes a generar reasignaciones presupuestales del sector salud al gasto corriente, discrecionalmente ejercido por la presidencia de la República.
México ostenta el deshonroso liderazgo en gasto de bolsillo por salud dentro de la OCDE, lo que indica una insuficiencia significativa en el sistema público de salud.
Otro sensible fracaso en materia social es el relativo a la educación pública. En este rubro, el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19.0% a 19.4%, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022. Se hace evidente el naufragio de la política educativa con programas de becas.
Esta no ha logrado reducir la deserción ni aumentar la matrícula a pesar del incremento presupuestal que cada año se ha presentado en el actual sexenio. Con la eliminación del Instituto para la Evaluación de la Educación y la supresión de programas como la Escuela de Tiempo Completo, se ha dañado igualmente la calidad educativa y la permanencia de los alumnos que por la pandemia dejaron de asistir a la escuela.
Además, el proyecto de “la Nueva Escuela Mexicana” que dio pie a la polémica de los libros de texto que se pretende utilizar en el ciclo escolar 2023-2024, muestran la falta de un proyecto pedagógico y docente acorde con las necesidades, actuales y futuras del país, como ya se ha demostrado de manera fehaciente. Condenando a los más vulnerables a no salir de la pobreza.
Ante esas evidencias de la traición a las familias más marginales del país, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados redoblará sus esfuerzos para focalizar, transparentar y darle un verdadero sentido social al gasto público del próximo año. Habremos de demostrar con hechos quién está verdaderamente del lado de la gente más necesitada, imprimiendo un verdadero solidarismo en la discusión presupuestaria por venir y en los instrumentos legales que se procesan en el Poder Legislativo.
POR JORGE ROMERO HERRERA
Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados
@JorgeRoHe
MAAZ