El cambio es la constante en nuestra sociedad. En esa mutabilidad, las leyes y normas se transforman, algunas para bien y, de acuerdo a las exigencias y necesidades de la propia ciudadanía. Otras, parecen un retroceso, a modo de los gobernantes en turno.
Desde el 9 de agosto de 2021, todos los poderes judiciales, el federal y que opera en cada uno de los estados, tienen la obligación de publicar y transparentar (en versión pública) todas las sentencias que emitan.
Para aquel momento, sólo había dos o tres sentencias publicadas en los tribunales estatales que fueron consideradas de interés público. Como las reglas cambiaron con la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia, hoy hay cientos de sentencias publicadas.
Así lo constató el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista en México, elaborado por la organización EQUIS Justicia, que señala que 27 poderes judiciales cuentan con un registro de las sentencias que publicaron. En esta numeralia, destaca que 30 poderes judiciales ya cuentan con buscadores de sentencias y 12 de ellos tienen filtros de búsqueda específicos para localizar sentencias de grupos históricamente discriminados. Sólo los poderes judiciales de Durango y San Luis Potosí todavía no cuentan con los sistemas buscadores de sentencias.
Además, desde la obligatoriedad de su publicación, 21 poderes judiciales han desarrollado lineamientos que regulan y guían a los servidores públicos en la elaboración de sentencias públicas, señala este informe presentado en el mes de junio.
Lo malo, establece este diagnóstico de la organización feminista, es que “no todos los lineamientos especifican los datos que deben suprimirse, por lo que queda a discrecionalidad de la persona juzgadora”.
El reporte de EQUIS Justicia también advierte que falta conocer a detalle el número de sentencias que se emiten en cada uno de los tribunales para poder compararlo con las que se publican, y así conocer efectivamente el cumplimiento de la obligación de transparentar las versiones públicas de las resoluciones que ponen fin a un conflicto.
La publicación de sentencias accesibles y actualizadas permite a la ciudadanía comprender las decisiones de las personas operadoras del sistema judicial y hasta evaluar los criterios, sentidos y principios que se consideran para resolverlos juicios en las distintas materias.
En este diagnóstico nacional, EQUIS Justicia también tiene una propuesta un Modelo de Justicia Abierto Feminista. Ya están los pasos para que México siga avanzando en transparencia, incluyendo a grupos históricamente discriminados y con una perspectiva de género.
Esta evolución debe continuar en ese camino que sigue en los últimos dos años para consolidar un nuevo paradigma judicial en México, en el que se involucre la sociedad revisando el quehacer de jueces y fiscales para que puedan exigir cuentas y un país más justo.
POR NALDY RODRÍGUEZ
@YDLAN
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