Transformar la voluntad de la ciudadanía en representación es un tema complejo. La diversidad de sistemas electorales que existen en la actualidad es sintomática del desafío que representa la agregación de preferencias y la nivelación de la competencia política. De ahí que cobre interés analizar cómo se desempeñan estas reglas en otras latitudes. La elección guatemalteca, es un buen ejemplo para ello.
El pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a poco más de 9.3 millones de personas a elecciones generales, en las que se votó por los miembros del Congreso y en primera vuelta, por la Presidencia. Sin embargo, con la publicación de los resultados preliminares, nueve partidos presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios. El argumento fue el del fraude electoral, un discurso cada vez más recurrente en América Latina y que en ocasiones no encuentra sustento en la realidad.
Hay múltiples elementos para estudiar de esta elección. Me detendré en uno de ellos: la segunda vuelta, implementada también en Francia y Brasil. Esta regla típicamente es entendida como una medida que beneficia a la gobernabilidad. Al elegir a alguna de las dos candidaturas más votadas, las primeras vueltas permiten al votante expresar su primera preferencia y después actuar estratégicamente. Asimismo, a la candidatura electa, le dotan de una mayor legitimidad.
En Guatemala, sin embargo, sucedió algo distinto. Para diversos analistas, las encuestas jugaron un papel clave. Por ejemplo, aunque varios de estos instrumentos apuntaban a la candidata Zury Ríos Sosa entre las primeras posiciones, los datos preliminares la ubicaron en el sexto lugar. La narrativa del fraude se alimentó de esta aparente contradicción. Lo cierto es que la probabilidad de error es natural en estos insumos, más aún cuando se generan estimaciones para una gran cantidad de propuestas. Las encuestas no hacen pronósticos, sino que ofrecen estimaciones sobre las preferencias en el día del levantamiento.
Aunque algunas casas encuestadoras omiten reportarlo, el estadístico calculado está asociado siempre a un intervalo de confianza. El caso guatemalteco nos deja, por tanto, una importante lección. Las encuestas no están diseñadas para garantizar cómo resultarán los cómputos finales. Nadie puede tener esa total seguridad. Ese acto de enajenación del control de los resultados es, precisamente, el que constituye el paso definitivo hacia la democracia.
Aunque las principales misiones observación internacional han enfatizado que la elección operó con eficacia y seguridad, en Guatemala, se extiende una narrativa del fraude electoral. Es fundamental que las fuerzas políticas apuesten por el respeto a las reglas y por los cauces institucionales. En democracia, a veces se gana y a veces se pierde. No hay triunfos ni derrotas absolutas. Vale la pena siempre recordarlo.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
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