Desde mediados del siglo XX, la urbanización en el mundo se mantiene como un proceso en constante crecimiento, particularmente en los llamados países en desarrollo. De hecho, desde 2009, más de la mitad de la población mundial habita en ciudades, por lo que puede decirse que actualmente vivimos una era urbana.
Las ciudades generalmente son lugares de convivencia y oportunidad que impulsan la prosperidad, el desarrollo social, cultural y económico, la provisión de servicios, la innovación, el desarrollo industrial y tecnológico y donde se generan economías de escala que impulsan la especialización y la competitividad.
Sin embargo, pese a que las ciudades mexicanas producen más de 95 por ciento del PIB nacional, mucha de su población no goza de niveles de vida satisfactorios. Además, debido a su ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad física y social, nuestras ciudades están expuestas a una gran variedad de amenazas naturales y generadas por el hombre.
Las amenazas pueden causar desastres cuando las ciudades y sus comunidades no cuentan con infraestructura y estrategias de prevención adecuadas. Los desastres, no sólo ponen en riesgo la vida de las personas, también su patrimonio y medios de vida, lo que puede incrementar su vulnerabilidad frente a nuevas catástrofes. En este sentido, resulta conveniente diseñar mecanismos de transferencia de riesgo para las ciudades y sus habitantes.
De acuerdo con ONU Hábitat, en los próximos años, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano, lo que significa que el país pasará de tener 382 ciudades contabilizadas en el año 2010 a 961 en el año 2030, en las cuales se concentrará 83.2 por ciento de la población.
En estas ciudades será la población pobre la que predomine, cuestión que cobra una gran relevancia si tomamos en cuenta que, por lo general, cuando ocurre un desastre, las mayores afectaciones se presentan entre la población que vive en condiciones de alta marginación, lo que, a su vez, aumenta las brechas sociales.
Existe una descontrolada expansión urbana a escala nacional que en muchas ocasiones se da sobre zonas de recarga de acuíferos, agrícolas, forestales, costeras, entre otras, lo que produce una presión sobre los servicios ambientales esenciales que estas zonas proveen a las comunidades rurales y urbanas. El desarrollo de infraestructura para las clases medias y altas en los centros de las ciudades, así como la construcción masiva de conjuntos habitacionales en las periferias está rediseñando el paisaje urbano con probables efectos negativos a corto, mediano y largo plazo.
En México se estima que 57.3 por ciento de las viviendas han sido autoproducidas. Frecuentemente, las familias que optan por este esquema se asientan sobre áreas poco adecuadas como áreas de conservación, pendientes, zonas de inundación o sin infraestructura ni servicios. Esta población generalmente es la más expuesta a condiciones meteorológicas extremas y/o sismos intensos. Además de los riesgos asociados a fenómenos naturales, el crecimiento disperso y gentrificación, desencadena problemas de conectividad y altos costos de transporte, mayor consumo de energía, menor acceso a servicios de calidad y desintegración social.
Para reducir y prevenir el riesgo de desastres, se hace necesario comprender todas las dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y las características de las amenazas; mejorar la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres, prepararse para construir y reconstruir mejor, impedir la aparición de nuevos riesgos e incrementar la resiliencia de las comunidades bajo el concepto de la recuperación de la funcionalidad de edificios e infraestructura.
ONU Hábitat define a la resiliencia como la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación. Y se refiere a las ciudades resilientes como aquellas que evalúan, planean y actúan para prepararse y responder ante obstáculos repentinos o lentos de origen, esperados o inesperados.
Es fundamental consolidar una estrategia de reducción del riesgo de desastres e incrementar los niveles de resiliencia de las poblaciones urbanas ante emergencias. En 2018, SEDATU, ONU-Hábitat y la Secretaría de Gobernación implantaron la Red de Ciudades Resilientes en un esfuerzo por hacer de la resiliencia un eje rector en la planeación urbana; sin embargo, hasta ese año únicamente 18 ciudades mexicanas formaban parte de la Red.
Así, ha de aumentarse la resiliencia de las ciudades mediante el diseño y construcción de infraestructura capaz de adaptarse y recuperarse de múltiples riesgos y amenazas e implantar acciones para una gestión del suelo más eficiente, es decir, modificar el actual modelo de crecimiento de nuestras ciudades que induce a la acelerada expansión de las superficies urbanas, hacia ciudades compactas, partiendo de modernos mecanismos e instrumentos de incorporación de suelo.
Sin embargo, la resiliencia es un recorrido que inicia con la educación, la investigación y la apropiación del tema. Una vez que las y los ciudadanos entienden las vulnerabilidades y riesgos a los que pueden enfrentarse y aumentan sus conocimientos para diseñar estrategias de reducción del riesgo, serán capaces de planificar mejor y, posteriormente, de implantar medidas adecuadas para volver a sus comunidades más resilientes. Si bien se requiere la coordinación de diversos actores incluidos los gobiernos, las comunidades, el sector privado y académico, la resiliencia se construye desde lo local.
Hay algo de lo que podemos estar seguros: el futuro es urbano, y la prosperidad futura dependerá de las acciones actuales para avanzar en el camino hacia la construcción de ciudades sostenibles y resilientes, eso sí, situando siempre a las personas al centro del desarrollo urbano.
Por: Sergio M. Alcocer
Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM Presidente, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI
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