Durante los últimos años ya hemos reflexionado en este espacio en torno a las implicaciones del cambio climático en el marco nacional e internacional, específicamente en materia de desarrollo social. En ese sentido, se advierte una nueva oportunidad para seguir recapitulando respecto al desafío que nos presenta dicho fenómeno en relación con la población más vulnerable. Lo anterior, en el entendido de que resulta cada vez más evidente que la pobreza y los efectos del cambio climático están estrechamente interconectados, creando no sólo un ciclo vicioso de privación y marginación, sino también un escenario de retroceso en perjuicio de los avances logrados a lo largo de las últimas décadas.
En ese marco, existe una realidad insoslayable: la pobreza aumenta la vulnerabilidad de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, pues aquellos individuos que viven en condiciones de marginación enfrentan dificultades económicas, carencias en servicios básicos y viviendas precarias, lo que los expone aún más a eventos climáticos extremos, los cuales limitan su capacidad para adaptarse y resistir tales desafíos.
A su vez, es vital considerar el impacto directo que el aumento de las temperaturas, la variabilidad climática y los desastres naturales generan en la producción agrícola, los recursos naturales y los ecosistemas, pues estos factores afectan de manera significativa tanto la economía como la seguridad alimentaria de las comunidades más pobres. En ese entendido, no es de sorprender que dicha interconexión se vuelva más compleja y derive en un ciclo de desafíos difíciles de superar.
En dicho contexto, la situación se agrava aún más al asumir que nuestro país se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad ante la crisis climática. Miles de nuestros municipios están catalogados como de alta o muy alta vulnerabilidad, lo que significa que serán más propensos a sufrir desastres naturales y enfermedades relacionadas con el cambio climático.
En ese sentido, será fundamental que nuestro país adopte las medidas necesarias para estar en condiciones de destinar recursos significativos a iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto, en un escenario en el que el país destina solamente 0.4% de su PIB a estas acciones. Por ello, la preocupación radica en el hecho de que, según estimaciones, para el año 2050 se requerirá destinar 6.9% del PIB anual, y para el año 2100, esta cifra se elevará a 18.4%. Estos números no sólo nos revelan la magnitud del desafío al que nos enfrentamos, sino también la necesidad de una respuesta contundente.
En tales circunstancias, resulta de vital relevancia priorizar el diseño de mejores estrategias y políticas públicas que enmarquen la asignación y aplicación de los recursos necesarios para contribuir a la prevención y mitigación de los impactos derivados del cambio climático, en el entendido de que tales acciones habrán de dirigirse primordialmente en beneficio de las comunidades más pobres y vulnerables, a efecto de garantizar el goce de sus derechos humanos con un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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