El Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, que presume ser “la cárcel más grande de América”, tiene 23 hectáreas de construcción, con ocho pabellones y 32 celdas en cada uno, con capacidad para albergar a cerca de 40 mil convictos. Las inhumanas condiciones en que viven sus presos contrastan con las modernas instalaciones que presume el mandatario Nayib Bukele. Los reos duermen en planchas metálicas sin colchón, no tienen privacidad y son observados las 24 horas por custodios ubicados sobre las celdas. Las imágenes que han trascendido fronteras son escalofriantes: cientos de presos rapados, formados en hileras, cuerpo contra cuerpo, semidesnudos y esposados. Representan el reflejo de la estrategia de un gobierno que redefinió el combate a las pandillas y puso en entredicho los derechos y libertades más elementales de las y los salvadoreños.
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele le ha dado notoriedad internacional no sólo por sus controversiales métodos, sino por sus contundentes resultados. En 2021, se registraron mil 147 homicidios en El Salvador, lo que equivale a una tasa de homicidios de 18.1 por cada 100 mil habitantes. En 2022, la tasa de homicidios se redujo a 7.8 por cada 100 mil habitantes: 652 homicidios menos que el año anterior. Si bien esta reducción es significativa y representa un punto de inflexión en la crisis de violencia que enfrenta el país centroamericano, sólo cuenta una parte de la historia.
Luego de más de un año de la entrada en vigor del régimen de excepción, en El Salvador se han registrado más de 66 mil detenciones, gran parte de ellas masivas y arbitrarias. Se estima que al menos 132 personas han muerto dentro de los centros penitenciarios, bajo custodia del Estado, durante este periodo. La mayoría de las víctimas ni siquiera habían sido declaradas culpables en el momento de su fallecimiento. Debido a la documentada laxitud de los procesos judiciales, no es posible estimar el porcentaje de personas detenidas o encarceladas que en realidad son presuntas responsables de cometer un delito. En los hechos, el hacinamiento, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes son la oscura realidad que sostiene el triunfalismo de la “estrategia de seguridad”.
A pesar de las numerosas denuncias de activistas y organismos internacionales sobre las graves violaciones a los derechos humanos, el modelo de Bukele parece ser admirado por actores políticos de todo el mundo. La tentación de aplicar “mano dura” contra la delincuencia es una tendencia en aumento. En marzo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, invocó un estado de excepción similar al de Bukele, con el objetivo de controlar la proliferación de masacres. Incluso en México el modelo tiene algunos simpatizantes que han expresado públicamente su admiración por sus métodos y resultados.
Sin embargo, por más atractivo y efectivo que pueda parecer, el modelo de seguridad salvadoreño alberga una serie de riesgos potencialmente nocivos para la democracia y la estabilidad social en el mediano y largo plazo. De prolongarse indefinidamente el estado de excepción, El Salvador podría alcanzar un punto de no retorno en el viraje hacia el autoritarismo, la concentración desmedida del poder y la desaparición “de facto” de las libertades individuales de las personas. Los riesgos de ceder a la tentación punitivista del modelo Bukele, con todo y su aparente efectividad, pueden ser mucho más costosos que positivos. Restringir y conculcar derechos para elevar la seguridad no es un mal menor ni necesario, es la renuncia a que la seguridad es un derecho humano que ha de convivir con las libertades individuales de cada quien.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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