EN LA FISCALÍA GENERAL de la República (FGR) trabajan a marchas forzadas para consolidar la investigación por el mega fraude en los procesos de secado de leche para Liconsa.
Al mismo tiempo surge la tentación para apuntar la misma hacia una cacería de empresarios ligados al Movimiento Ciudadano, muy útil en un escenario de pugna por los procesos electorales de 2024.
Los sabuesos de Alejandro Gertz Manero están conscientes que aún son endebles las pesquisas en las empresas a las que se identifican como receptoras de los recursos desviados.
Se habla de alrededor de mil 700 millones de pesos, compañías que tienen como actividad principal el deshidratado de productos lácteos. Por ejemplo: Productos Loneg y Leche 19 Diecinueve Hermanos.
Proveedores como Coprolac y Grupo Vicente Suárez 73 buscaron tercerizar los servicios de secado mientras edificaban sus propias instalaciones, establecen las primeras indagatorias.
De hecho, se denunció en su momento al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Óscar Navarro Gárate, cuando éste les canceló el contrato.
Navarro Gárate fue detenido el 25 de abril como resultado de esta investigación: se le indagó como parte de la presunta red de crimen organizado que extrajo recursos de Segalmex y de su subsidiaria Liconsa.
Una semana después, la tarde del 2 de mayo, el ex funcionario fue liberado al no encontrarse elementos suficientes para vincularlo a proceso.
En este escenario, el nombre que suena constantemente en los pasillos de la FGR y en las mesas interinstitucionales que dan seguimiento al caso Segalmex es el de Alejandro Puente Córdoba.
Puente además está estrechamente vinculado con Dante Delgado, promotor desde hace muchos años del partido naranja y padre de una conocida militante del mismo, Alejandra Puente García.
Puente fue el fundador, en noviembre de 2014, de la razón social Grupo Vicente Suárez 73, señalada en los procesos judiciales por desviar más de 450 millones de pesos de las arcas de Liconsa.
En diciembre de 2018 modificó el objeto social de su constructora para incluir la comercialización de productos agrícolas y ganaderos y, un mes después, se deshizo de sus acciones.
En enero de 2019, a unos días de que Ignacio Ovalle asumiera la dirección de Segalmex, Puente entregó a su colaborador, Alejandro Armenta, el control de la compañía, aunque sigue atrás de ella.
Armenta Peralta se encuentra vinculado ya a proceso, mientras que su jefe ya está en la mira de la autoridad.
LA FAMILIA JENKINS de Landa denunció a un grupo de jueces y funcionarios a los que acusó de “operar ilegalmente al amparo del poder”. Apunte: Luz María Ortega Tlapa, jueza federal Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal adscrita a la CdMx; Iván Aarón Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Pachuca, Hidalgo; Roberto Yáñez Quiroz, 24 Civil, y José Manuel Salazar Uribe, 60 Civil, ambos jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
A todos, la familia de Roberto Jenkins señalan de haber pervertido su trabajo para formar parte de una red de corrupción.
“En 2018, después de más de dos años de exhaustivas investigaciones, fuimos absueltos de los infundados señalamientos y acusaciones. Dos años más tarde, se vulneró el debido proceso mediante la intervención del juez Zeferín Hernández y se nos vuelve a juzgar por los mismos hechos de los que se nos exoneró, violando nuestros derechos humanos”.
Señalan que acudieron a solicitar amparo para que cesaran los hostigamientos y que a más de tres años aún esperan una resolución. “Es inaudito que en 11 ocasiones, sin justificación alguna, la jueza Ortega Tlapa ha diferido la audiencia. Hoy esta juzgadora debe celebrar la audiencia”.
También denuncian que “los jueces civiles Yáñez Quiroz y Salazar Uribe intentaron despojarnos de nuestro patrimonio y el de las fundaciones que administramos, embargando cuentas y propiedades”.
FINALMENTE EL BANCO del Bajío informó al público inversionista de la demanda que promovieron contra sus consejeros y comisarios tres de sus ex accionistas, pero lo hicieron dos años y medio después de que se les notificó: noviembre de 2020. Se evidencia, pues, el incumplimiento a la obligación de comunicar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, y a la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, el evento relevante para su inmediata difusión. Detallada explicación deben al regulador Salvador Oñate y su auditor externo Deloitte, que comanda Francisco Pérez Cisneros, porque obviaron los reportes de 2019, 2020, 2021 y 2022.
Pero sobre todo a sus inversionistas institucionales: BlackRock Vanguard, FMR, Ninety One Impulsora y Promotora, Goldman Sachs, Norges Bank y Larrainvial Asset, que en conjunto tienen 13.53 por ciento del capital social del banco que capitanea Edgardo del Rincón.
FUE EL FONDO Argentem Creek Partners el que ayer confirmó lo que le platicamos la semana pasada: que la tribu india kikapú figuraba como interesado en reflotar a Altos Hornos de México. Y efectivamente, el vehículo financiero que dirige Daniel Chapman que funge como asesor de Alonso Ancira solicitó a esa comunidad extender un Crédito en Posesión del Deudor (DIP). Aunque no se especificó en el comunicado el monto, le podemos informar que se trata de 200 millones de dólares.
El crédito servirá para que la acerera de Monclova reinicie operaciones. La tribu kikapú tiene fuerte presencia en Oklahoma, Arizona, Sonora y Coahuila. No son los únicos interesados en AHMSA. Apunte también a Esmark, Cargill y Villacero, amén de otro fondo chino.
SIN MAYOR ASPAVIENTO y tripulando una campaña donde la divisa es el respeto a sus adversarios políticos, el verde ecologista Manuel Velasco se ha ido abriendo paso. El ex gobernador de Chiapas se ha caracterizado frente a las otras cinco corcholatas por desarrollar una campaña fresca, preocupada por las mujeres y los jóvenes y el manejo de muchos símbolos, como se observó este fin de semana con una rodada de bicicletas por la Ciudad de México.
Pese a su juventud, Velasco es un político muy bien educado que seguirá creciendo como el líder indiscutible del Partido Verde Ecologista Mexicano. Su apuesta está en duplicar la presencia legislativa en las dos cámaras, Diputados y Senadores, donde a partir de junio de 2024 se dará la verdadera gobernabilidad del país.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL