A punto de cumplirse cinco años de la actual administración que ya entró en el último tramo, una de las banderas políticas que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña y aún después, se queda como uno de los grandes pendientes que no pudo resolver.
En septiembre del 2019, el presidente y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunieron con padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Se tomaron la foto del recuerdo en las escalinatas de Palacio Nacional y el jefe del Ejecutivo formó la Comisión de la Verdad y se comprometió a dar seguimiento al caso ocurrido en septiembre del 2014.
Mucha agua ha pasado debajo de ese puente. A lo largo del tiempo, la información sobre este expediente ha ido y venido, desde la famosa “verdad histórica”, que en su momento diera a conocer el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, —actualmente preso—, en la que se señaló que los culpables eran el narcotráfico y la policía local, hasta el retiro de los integrantes Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a este caso, luego de haber entregado su último informe y aceptando que en dicho documento, prácticamente nada abona al caso.
Y la razón de esta decisión tomada por el GIEI, es muy clara: porque se tocó a un sector que en la actual administración es intocable: los militares.
Medios internacionales como “The New York Times”, en el 2022, exhibieron la prisa del gobierno actual por entregar respuestas, lo que derivó en una serie de tropiezos: “una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave”, de tal suerte que, “la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país, se ha convertido en un inconveniente para el presidente (López Obrador), en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia”.
Esta última apreciación de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, no ha cambiado mucho. Así, la decepción y el desánimo son ya una constante.
Tampoco se puede soslayar que estos malos manejos del expediente con el afán de subestimarlo, empezaron enseguida de que el hecho mismo ocurrió, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el último tramo de la presente administración, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lamentaron que los expertos internacionales hayan dejado su caso por la opacidad y trabas de autoridades, por lo que demandaron al presidente López Obrador dar con la verdad porque al momento ya les falló.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
COLABORADORA
PAL