Industriales dosis de atole con el dedo, y del mismo sabor, es lo que durante los últimos ocho años se ha suministrado, con cargo al erario, a las familias de las víctimas de los 43 de Ayotzinapa y a la opinión pública mexicana, con el caso de la desaparición de esos muchachos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Porque ni con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha modificado un ápice la conclusión a la que llegó la extinta PGR, de Jesús Murillo Karam: que los muchachos fueron levantados y ejecutados por integrantes de un grupo criminal (Guerreros Unidos), con la complicidad del obradorista alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su policía.
Ese equipo, encabezado por Ángela Buitrago y Carlos Beristáin presentó el pasado martes su sexto y último informe sobre el caso, el cual, como los otros, carece de las respuestas esenciales del asunto: ¿Qué paso?, ¿dónde están los muchachos?, ¿cómo se los llevaron?
Como los informes anteriores, este documento insiste en que las autoridades militares del país, principalmente la Sedena, obstaculizan la indagatoria al ocultar información que, consideran, sería clave.
Es decir, el mismo discurso de cuando inició la misión de ese grupo, en 2015, buscando involucrar a las Fuerzas Armadas, específicamente a las del 27 Batallón de Infantería, en una especie de siniestro plan para desaparecer a los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa.
Teoría que sirvió de mucho a los intereses del actual presidente Andrés López Obrador para debilitar la credibilidad en las instituciones durante la gestión de Enrique Peña Nieto, y sobre todo para atraer votos a su causa, colgándose de la causa de las familias de las víctimas, que hoy, al igual que un día después del crimen, no tienen las respuestas que les prometieron los que ahora ostentan el poder.
En otras palabras, Buitrago y Beristáin fueron usados políticamente para encumbrar y justificar al actual régimen político, mismo que ahora los desecha.
Pero ojo, antes de irse, la señora Buitrago sembró una idea mal sana en los oídos del presidente López Obrador: la desobediencia de los mandos castrenses a su voluntad de esclarecer el caso, por contravenir a sus intereses.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
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