México posee una legislación amplia, compleja, barroca en materia electoral. Aparte de lo que dice la Constitución en la materia, tenemos leyes para todo: una para procesos e instituciones electorales, otra para medios de impugnación, otra para partidos políticos y una más para delitos electorales.
Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora con lo que yo llamo anteprecampañas no está previsto en ninguna ley. En consecuencia, cuando se habla de que los partidos violan la Constitución y la ley con sus procesos internos en desarrollo, se precisa pedirle a quienes así opinan que precisen cuál ley y cuál artículo constitucional se viola. (Ojo: hablo de los procesos en sí. La conducta de los anteprecandidatos es otro cantar)
La anticipación actual, de cara a las próximas elecciones presidenciales, se da fuera de los tiempos previstos. Estos se norman a partir del inicio del proceso electoral federal, que está fijado para la primera semana de septiembre.
O sea, a partir de que el Instituto Nacional Electoral sesione entre el 4 y el 8 de septiembre y declare iniciado el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-24, la situación cambiará y los partidos y aspirantes tendrán que sujetarse a la normatividad.
Ahora bien, cuando el PEF comience, Morena y el Frente opositor ya habrán dado a conocer (o estarán a punto de hacerlo) el resultado de sus procesos internos para elegir candidata(o) presidencial, cualquiera sea la denominación que le den. Es decir, habrán agotado la precampaña (que sirve justo para designar candidato) mucho antes de que ésta comience, pues la precampaña se efectúa la tercera semana de noviembre y dura 60 días.
¿Qué harán los virtuales candidatos presidenciales cuando el PEF se inicie? ¿Tomar vacaciones mientras empiezan las campañas, en los últimos días de febrero de 2024? Lo natural sería que los elegidos iniciaran sus recorridos proselitistas de inmediato, pero esto no lo pueden hacer legalmente sino hasta el período de campañas.
¿Harán recorridos para continuar la simulación y pretextar defender a la 4T por un lado y construir el Frente por el otro? Si esto ocurriera, lo más probable es que habría acusaciones cruzadas de actos anticipados de precampaña y campaña, y entonces sí, tales acusaciones estarían fundadas, porque las anticipaciones sí están previstas a partir del inicio del proceso.
He planteado sólo algunos de los problemas que se presentarán cuando inicie el PEF. Por esas y otras razones, lo sensato sería que autoridades electorales y partidos políticos buscaran una vía de salida al embrollo que está ocasionando la macroanticipación a los tiempos electorales. Esa vía tendría que pasar por la pausa total o parcial -o la modificación- de los procesos internos en desarrollo, en particular de los recorridos de tirios y troyanos por el país.
Es decir, el reencauzamiento es necesario porque el riesgo es el caos y el indeseable no registro de candidatos infractores a los lineamientos del INE ordenados por el Tribunal Electoral.
Plus online: ¿Acatarán lineamientos?
He afirmado que, si bien no hay normatividad para las anteprecampañas, las autoridades electorales no pueden quedarse con los brazos cruzados ante el desorden actual.
En esa vía se inscriben las medidas cautelares del INE y las resoluciones del TEPJF en torno a los procesos internos de Morena y aliados y el Frente Amplio opositor, en particular la elaboración de los lineamientos ordenados por el Tribunal al Instituto.
De los parámetros fijados por el TEPJF para tales lineamientos destacan dos:
El tipo de propaganda que se permitirá, “valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas”.
Una fiscalización especializada sobre el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, “contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes”.
La complejidad de la tarea y el plazo perentorio establecido por el Tribunal han puesto al INE en un trance difícil que ha obligado a consejeros, directores y titulares de unidad a trabajar incluso hasta la madrugada.
La incógnita será si los actores políticos acatarán esos lineamientos que forzosamente serán limitativos a su actividad. Si no lo hicieran, Instituto y Tribunal no tendrán más remedio que ejercer sus atribuciones sancionatorias.
POR EDUARDO R. HUCHIM
OMNIACOLUMNA@GMAIL.COM
@EDUARDORHUCHIM
PAL