El origen de la palabra se remonta a los tiempos del Imperio Romano. Cuando las legiones iban a combate, un grupo de soldados se mantenía a la retaguardia, era el subsidium. No daban la pelea directamente, pero estaban listos para entrar en acción cuando los del frente necesitaban apoyo.
La subsidiariedad es el principio ordenador de la sociedad, desde la comunidad elemental —la familia— hasta la más compleja —el Estado—, y regula cómo las mayores deben apoyar a las menores cuando no pueden cubrir sus necesidades por ellas mismas, siguiendo el ejemplo del subsidium romano.
El gobierno debe ser subsidiario con la sociedad, proveyendo apoyos materiales a quienes lo necesitan. Este subsidio proviene de los impuestos que los ciudadanos aportamos a las arcas nacionales, y el gobierno debe administrarlos con eficiencia y transparencia.
La aplicación de los programas sociales con criterio subsidiario incentiva a quienes los reciben a aprovecharlos adecuadamente para superar sus necesidades inmediatas, salvar obstáculos que, de otra forma, serían insalvables, salir de situaciones de extrema pobreza y encontrar medios para progresar.
En México los programas sociales han sido consagrados en la Constitución, y esto debe dar tranquilidad a todos, puesto que no están sujetos a vaivenes políticos ni a favoritismos partidistas. El aparato gubernamental es administrador de los bienes de todos y es su obligación distribuirlos; los beneficiarios deben saber que no son favores ni regalos lo que reciben, sino apoyo subsidiario de los contribuyentes.
Cuando se aplica la subsidiariedad a los programas sociales, independientemente de que sean universales —como la pensión a adultos mayores— o específicos —como las becas Benito Juárez—, se motiva a los beneficiarios a utilizarlos adecuadamente y sacar la mayor ventaja posible de este apoyo.
Por desgracia, la recepción de programas sociales ha sido aprovechada por los gobiernos para manipular conciencias y obtener ventajas. El actual gobierno ha ido demasiado lejos en esta práctica, desconociendo la dignidad de las personas al reducirlas a la calidad de receptores pasivos de dádivas. No les interesa el crecimiento ni la movilidad social, desprecian el ‘aspiracionismo’ en el afán de mantener clientelas obedientes y sumisas.
Por otro lado, las cantidades recibidas por medio de programas sociales son utilizadas muchas veces para adquirir medicamentos que no se reciben en el Seguro Social, o para pagar médicos privados ante la falta de servicio adecuado en el Sector Salud, o para atender problemas urgentes a los que no se da solución por los cauces legales que debe proveer gratuitamente el gobierno.
Es necesario recuperar la visión de Estado en la concepción de los programas sociales: obligación constitucional, criterio subsidiario, transparencia, imparcialidad, justicia social, y sobre todo, respeto a la dignidad de las personas.
POR CECILIA ROMERO
COLABORADORA
@CECILIAROMERO
PAL