Los próximos 27 y 28 de julio se llevará a cabo el foro “Tulum 2023: llamado a la acción contra la corrupción en México”, el cual reunirá a líderes políticos, expertos internacionales, fiscales, integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, organizaciones de la sociedad civil, entre otras autoridades, todo para promover la lucha contra la corrupción.
Este evento es de suma importancia pues, hoy en día, la transparencia y la lucha anticorrupción están amenazadas; el mejor reflejo de ello es la parálisis parcial que enfrenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por falta de quórum ante omisiones en el orden de decisiones legislativas.
Recordemos que, entre 2014 y 2015, mediante el consenso de todas las fuerzas políticas, se implementaron en nuestro país reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción.
Además de fortalecer las instancias fiscalizadoras y sancionadoras, dichos cambios normativos también pudieron dar origen al Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Durante los últimos años, en vez de perfeccionar lo ya construido, distintas autoridades han atacado a las instituciones encargadas de velar por la transparencia y combatir la corrupción; campañas abiertas de desinformación, omisiones en los nombramientos, propuestas legislativas para debilitar o incluso eliminar órganos especializados, son ejemplos de ello.
La situación del INAI forma parte de un contexto donde el poder político está minando las estructuras institucionales.
En abril de este año, el Ejecutivo federal propuso desaparecer o fusionar 18 organismos, entre ellos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Asimismo, desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está bajo asedio.
Por si fuera poco, debilitar a los órganos autónomos —tales como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e incluso el mismo INAI—, afecta el sistema de equilibrio democrático.
El camino a seguir debe ser orientar el enfoque hacia la prevención de la corrupción y lograr que las instituciones encargadas de administrar justicia (como las fiscalías anticorrupción) se conduzcan con verdadera independencia de intereses políticos.
Por último, es necesario vincular con mayor fuerza los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción y simplificar los procedimientos de denuncia realizados.
El diálogo y la colaboración son fundamentales para enfrentar los retos contemporáneos.
Defendamos a las instituciones locales y nacionales dedicadas al combate a la corrupción, a la transparencia y rendición de cuentas.
Un México sin el INAI es regresar a la discrecionalidad.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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