Simulación, es el nombre del juego favorito de partidos, políticos y autoridades electorales. Todos se ríen de la ley; se burlan de los ciudadanos.
De los partidos, poco podría sorprender. Ellos hacen la ley y suelen hacer la trampa. Ellos diseñaron, aprobaron y se comprometieron a respetar la legislación electoral, de la que ahora se mofan. Hay 18 personas abiertamente en campaña, buscando una candidatura presidencial, a destiempo. Las seis “corcholatas” de la 4T y los 12 aspirantes del Frente, disfrazan sus deseos electorales con otros títulos; simulan.
En Morena dicen buscar un coordinador de los comités en defensa de la 4T, mientras que en la alianza PAN-PRI-PRD aseguran estar en el proceso para elegir a un Responsable de encabezar la construcción del Frente Amplio por México. En ambas esquinas mienten; están buscando candidato presidencial.
Unos y otros se burlan de la ley y el calendario electoral, que marca finales de año como el inicio de los procesos de precampaña. Estamos lejos aún.
Y mientras el atropello sucede frente a la mirada de todos, el INE y el Tribunal Electoral están pasmados. La autoridad electoral, temerosa y tibia, no se atreve a aplicar la ley. Se convierte en el hazmerreír de la fiesta. Haciendo gala de su fragilidad, se limita a realizar “recomendaciones” que son desoídas por partidos y candidatos –porque eso son-.
Sugieren a los aspirantes de Morena, por ejemplo, privilegiar la realización de actividades en inmuebles y espacios del partido. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, aguantan la risa mientras realizan despliegues similares a los de una campaña electoral: mítines, recorridos, eventos proselitistas, colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas con sus nombres y reparto de playeras, gorras y demás indumentaria. El árbitro electoral está de adorno. Mientras los seis aspirantes gastan recursos –topados, según el propio partido- en 5 millones de pesos, el INE y el Tribunal parecen sedados.
En el caso del Frente, ni siquiera hay tope de gastos de campaña –porque eso hacen, campaña- para los 12 aspirantes. Pueden gastar lo que quieran y, si no es mucha molestia, deben reportarlo a los partidos que organizan el proceso. El árbitro, en tanto, se “compromete” a revisar qué, cuánto y cómo se gastó. Ah, y promete, llegado 2024, considerar esos gastos fuera de la ley, en la revisión de dinero erogado en el proceso electoral –cuando este inicie formalmente-.
Los partidos condujeron a la sociedad a 2024. Los ciudadanos estamos situados en plena campaña presidencial, cuando apenas es julio de 2023. El asunto sería simpático o anecdótico, pero es, además de descriptivo del valemadrismo de quienes aspiran a gobernar, ilustrativo y preocupante del árbitro electoral que estará a cargo del proceso. Con ese INE y TEPJF rebasado y disminuido, vamos a las elecciones. Buena suerte.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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