El próximo domingo España celebrará elecciones generales. Tras los resultados de los comicios locales del pasado 28 de mayo, el presidente Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada a elecciones para renovar su integración, en un ambiente de rechazo generalizado hacia el gobierno actual.
Por primera vez, es posible que Vox, partido de ultraderecha, forme parte del gobierno nacional. En el promedio de los sondeos, dicho partido se proyecta a alcanzar unos 36 escaños. El Partido Popular (PP), de centro-derecha, es el más competitivo con alrededor de 35% de la intención de voto, lo que le daría aproximadamente 142 escaños.
Si las derechas liberal y extrema se unen, alcanzarían la mayoría absoluta para formar gobierno (176), mientras que la suma de los partidos que permitieron a Pedro Sánchez encabezar el primer gobierno de coalición de la democracia española (PSOE + Unidas Podemos) apenas superaría el umbral de 160 legisladores.
Tal coalición de derechas no es improbable, pues si bien en el discurso de campaña el PP busca marcar distancia con Vox, en los hechos ya suscriben alianzas estratégicas en los gobiernos autonómicos y municipales. En las últimas semanas, han concertado acuerdos para gobernar juntos en decenas de ciudades, además de sumar dos regiones a las que ya gobernaban en coalición. Al mismo tiempo persisten fricciones, como en Murcia, donde Fernando López Miras (PP) no consiguió la investidura por el bloqueo del partido de Santiago Abascal.
La inclusión de Vox en el gobierno nacional podría imprimir cambios de fondo en políticas públicas sobre temas como educación, igualdad de género o protección del medio ambiente y combate al cambio climático. También podría significar la profundización de la división social, e incluso revivir tensiones en asuntos críticos, como el independentismo catalán.
Las alianzas entre el centro-derecha y las derechas radicales son cada vez más frecuentes. Países como Austria, Suecia, Italia o Finlandia ilustran cómo la derecha liberal, en nombre del pragmatismo, ha construido coaliciones con grupos extremos para formar gobiernos o conseguir respaldo parlamentario. Esto no es exclusivo de la derecha: el actual gobierno español es resultado de una alianza de la izquierda moderada con la radical, que el propio presidente había rechazado, hasta que se convirtió en su única alternativa.
En todo el mundo la tendencia es similar: el paradigma liberal de la convergencia de izquierdas y derechas en el centro democrático está mutando a bloques ideológicos donde participan las expresiones más extremistas de cada bando, a fin de alcanzar mayorías –en medio de crecientes divisiones sociales y fragmentación electoral– que permitan cierta gobernabilidad.
Sin embargo, ninguna necesidad pragmática puede estar por encima de los principios democráticos. La polarización busca cancelar la política. Los radicalismos de todo signo desprecian el pluralismo, los derechos y libertades. Por eso, el riesgo de negociar con ellos es muy alto. En cada vez más países, lo que está en riesgo es el régimen democrático mismo.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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