Hace poco más de un mes, en el Congreso de la Ciudad de México, aprobamos una reforma histórica que reglamenta las acciones afirmativas para la participación política y electoral en condiciones de igualdad para personas y grupos de atención prioritaria. De esta manera, la ciudad se convierte en la primera entidad en contar con acciones específicas para que cada vez más personas indígenas, afrodescendientes e integrantes de pueblos y barrios originarios, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual y de género puedan contender por cargos de elección popular y ser parte activa de la vida interna de los partidos políticos. Este es un avance certero en pro de la igualdad y para la garantía de los derechos político-electorales de aquellas poblaciones que han sido históricamente excluidas y rezagadas de la vida pública de nuestra nación y nuestra ciudad. Con todo, la reglamentación de las acciones afirmativas no deja de representar una serie de retos y dilemas que deberán ser resueltos para que éstas cumplan su verdadero cometido, que es contribuir a la representación política de todas, todos y todes y garantizar una democracia auténticamente plural.
El primero de estos cuestionamientos tiene que ver con cómo asegurar que las personas que contiendan mediante una acción afirmativa sean verdaderamente representativas de los grupos de los que dicen formar parte. Y este no es un reto menor. Muestra de ello son los casos ocurridos en 2018, con los 17 candidatos que se registraron como mujeres transgénero para competir por diputaciones en Oaxaca sin serlo, o en 2021, como el del candidato que se registró como integrante de una comunidad indígena de Guerrero, siendo que era originario de Chihuahua y ni siquiera conocía el nombre de la comunidad que buscaba representar. ¿Por qué esto sigue ocurriendo e, incluso, en muchas ocasiones, el INE validó dichas candidaturas y es el Tribunal Electoral el que les debe dar marcha atrás?
La respuesta es que existe el principio de autoadscripción. Las personas que formamos parte de algún grupo de atención prioritaria tenemos el derecho a definir nuestra identidad y autoadscribirnos a determinada población, grupo o comunidad. Este principio, aunque sumamente importante, no es infalible. De hecho, los dos casos mencionados son sólo algunos de los que demuestran que este puede ser falseado. La pregunta entonces es ¿Cómo podemos garantizar este principio, asegurando que aquellas personas candidatas que se registren como acción afirmativa sean realmente parte de la población de la que dicen ser y a la que aspiran a representar? Aunque esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, y ya hay una reflexión colectiva al respecto, una de las respuestas parece venir de una decisión emitida por la Comisión General del INAI en febrero del año pasado.
El instituto respondió a una solicitud de transparencia que solicitaba información sobre la autoadscripción indígena de una diputada federal recientemente electa por el PAN. El órgano correspondiente del INE indicó que era información sensible y que, por lo tanto, no podía hacerla pública. Finalmente, ante la solicitud de revisión, el INAI determinó que este era un caso de colisión de derechos: que, por un lado, estaba el derecho de la persona candidata a la privacidad pero que, por el otro, estaba el derecho de la ciudadanía y de aquellas personas representadas por dicha candidata a conocer la información que le permitió acceder a un puesto de representación popular. Frente a este dilema, el INAI decidió que prevalecía el derecho de la ciudadanía a saber, no sólo por tratarse de un cargo público, sino por la calidad que tienen las acciones afirmativas como una herramienta para garantizar la representación de grupos y poblaciones cuya participación se ve favorecida por la acción afirmativa y que aquellas, aquellos o aquelles por quienes votan son quienes mejor les representan.
Desde mi perspectiva, aquí está una de las claves para resolver el tema de la autoadscripción y la representación efectiva de los grupos a los que van dirigidas las acciones afirmativas, y tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Por supuesto, también es necesario que los órganos electorales locales y federal afinen sus procesos para evitar que la autoadscripción pueda falsearse, pero asegurar que los datos que una persona brinde al registrar su candidatura —y, en particular, cuando se trate de una de acción afirmativa— sean abiertos y de acceso público garantiza que todas, todos y todes conozcan, de primera mano, la información completa de quienes aspiran a representarles y fortalece los mecanismos con los que cuenta la sociedad civil organizada para vigilar que las acciones afirmativas sean auténticas plataformas para cerrar la brecha que aún existe en la representación.
Además de algunas entidades que ya han reglamentado acciones para una población o grupo específico, en los últimos meses, nuestra ciudad y Jalisco han aprobado reformas para la reglamentación de acciones afirmativas con una perspectiva más amplia. Mientras que la reforma conseguida en la capital garantiza una acción afirmativa por cada grupo de atención prioritaria ya mencionados, en ambas listas (mayoría relativa y representación proporcional), la de Jalisco sólo garantiza una acción afirmativa para todos los grupos de atención prioritaria en los primeros 10 lugares de la lista de representación proporcional para el Congreso local. Esto pone a competir a las distintas poblaciones de atención prioritaria entre sí para acceder a las acciones afirmativas, lo que no garantiza la representación para todas las personas en parámetros de igualdad. Por eso, también debemos apostar por reformas que garanticen acciones diferenciadas para cada grupo o población.
Con la aplicación efectiva de las acciones afirmativas, vocación democrática y colaboración interinstitucional, poco a poco avanzamos para garantizar una democracia en la que quepamos, participemos y avancemos todas, todos y todes.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO CDMX
@TEMISTOCLESVR
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