De la magnífica trilogía que Christopher Nolan hizo de Batman, en la última entrega hay una escena poco advertida por el sentido encriptado que representa: la impartición de justicia que el doctor Jonathan Crane –mejor conocido como el Espantapájaros– hace como magistrado único del pueblo para condenar sumariamente a muerte a los adversarios del nuevo régimen en la ficticia Ciudad Gótica. “Sin abogados, sin testigos,” señala el Comisionado Gordon, aliado de Batman y una de las víctimas de Crane, “¿qué clase de debido proceso es este?” Mientras la ciudad desciende en el caos y la ignominia, el villano se entretiene divertido cobrando venganza de quienes otrora representaran las fuerzas de la justicia y el orden. Pero Crane no es el autor último de la injusticia, sino meramente el instrumento de un poder más grande y perverso.
En el mismo sentido, Bernard Schwartz en el clásico Los poderes del gobierno, narra las vicisitudes de las colonias norteamericanas que padecieron a las deleznables cortes de justicia que “no estaban formadas por hombres conscientemente imparciales entre el rey y el súbdito; se corrompían con la esperanza de ascensos, muchos más estaban temerosos de ser destituidos, casi todos se sentían aterrorizados por el ceño con que eran mirados por los que usufructuaban el poder. En realidad, la subordinación de los jueces reales a Jorge III fue una de las injusticias que contribuyeron a provocar la Revolución”.
El diseño de toda Constitución, entre ellas la del largo proceso mexicano, establece al Poder Judicial y, en forma específica, a las Cortes Supremas, como el poder regulador de los vaivenes de la política ejecutiva y parlamentaria. Es la institución que pone como único límite al poder público la vigencia, el cumplimiento y el respeto a la Norma Fundamental.
Al fundar la primera democracia de nuestra historia, los atenienses entendían que el concepto no podía reducirse a meros comicios, asambleas y rotaciones, sino que una verdadera democracia sólo puede existir bajo el “imperio de la ley” (lo que actualmente llamamos un “Estado de derecho”). Sin reglas comunes para todos, la democracia no sería más que la formalidad para consagrar al tirano. Este último deprecia la ley; la aborrece porque lo hace igual a sus semejantes, porque limita su poder y lo obliga a rendir cuentas; rompe su aura mística y le arrebata el monopolio de la verdad y la justicia y, con ello, lo convierte en mortal.
Una sociedad de mujeres y hombres verdaderamente libres a quienes se saben iguales a su prójimo, sujetos a las mismas reglas y exigencias, acreedores de los mismos derechos y beneficios, no puede existir bajo la justicia del espantapájaros, esbirro de la tiranía e instrumento servil de su sed de venganza; requiere de juezas y jueces con autonomía e independencia, para, respetando la Constitución que protestaron cumplir cuando asumieron su cargo, dictar sus sentencias, nunca buscando alegrar al soberano, incumpliendo la ley para obtener recompensas indebidas, y lo más importante con integridad y valor para defenderlas. Con una Judicatura así, convencida de lo que hace día a día por la paz social, nos permite a todos tener esperanza en el futuro de la patria.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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