EL TIEMPO PONE todo en su lugar y esta columna sostiene lo dicho: Actinver violó su deber fiduciario en perjuicio del empresario Rafael Zaga.
Esto se confirma una vez más con la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, conformado por los magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez, Miguel Ángel Medécigo Rodríguez y Humberto Román Franco.
Y es que ordenaron la revocación de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, impulsó contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga.
La defensa constitucional fue conducida por Andrea Rovira del Río, una joven abogada a quien no hay que perderle la pista, y que encabeza el aguerrido abogado Eduardo Amerena.
El punto es que aún con la orden que traía a cuestas, y cuya cancelación ha sido ordenada, Rafael Zaga debió haber sido presumido inocente y tratado como tal por parte de Actinver.
Ahora que fue exonerado formalmente por ser evidente el origen lícito de sus recursos, así como no haber habido prueba alguna de que hubiere conformado una organización criminal que lavaba dinero, se confirma lo dicho en este espacio.
Actinver no tuvo razón para faltar a su deber fiduciario al obstaculizar acciones legales con las que Zaga buscó recuperar mil millones de pesos que Moisés El-Mann usó para ceder a la presión de la FGR.
Recordemos que el expediente de los hermanos Zaga siempre fue bastante lineal: fueron contratados por el Infonavit para desarrollar un programa de movilidad inmobiliaria, mismo que al llegar a la dirección David Penchyna fue adquirido a través de una terminación anticipada de los contratos y una indemnización de 5 mil millones de pesos.
Éste fue avalado por unanimidad del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y la Asamblea General del propio instituto de vivienda para los trabajadores.
La indemnización fue puesta en duda por los fiscales de Gertz en los tiempos del sexenio en los que se buscó realizar fuertes ejercicios de recaudación condicionados a ejercer acción penal en caso de no acceder a las pretensiones del Estado.
Esta sentencia de amparo penal, junto con lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito hace tan solo un mes, no solo exonera a los integrantes de la familia Zaga.
También vuelve prácticamente imposible para Actinver y Héctor Madero eludir el pago de los mil millones de pesos a los que fue condenado, más los daños punitivos que resulten.
Así, el eje de la defensa de Actinver, en el sentido de considerar a Rafael Zaga un criminal y con ello interferir y, a la postre, imposibilitar que reclamara los mil millones de pesos a los El-Mann, se vino abajo.
Quedó evidenciado que el banco se erigió en juez y parte para considerar culpable a su propio cliente, y por ello ahora tendrá que responder. A diferencia de Alonso Ancira, Emilio Lozoya, Juan Collado o los propios hermanos Moisés, Max y André, los Zaga resistieron la dura persecución de la FGR.
OTRO GOLPE A Citibanamex en el caso de Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, culminó el viernes con sentencia de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial de la CDMX. Eximió a la naviera del pago de daños y perjuicios y costas judiciales reclamados, debido a las medidas cautelares impuestas hasta que concluya la demanda. La sentencia es resultado del reclamo del banco dirigido por Manuel Romo del supuesto daño y perjuicio que recibió al no poder enajenar el banco, debido a las medidas cautelares impuestas desde enero del 2022 y alegó, que ello, que le generaba pérdidas multimillonarias. Aún cuando el Juzgado Septuagésimo de lo Civil había condenado al pago, ante la apelación de Oceanografía se obtuvo un análisis detallado que le exime del pago que Citibanamex saboreaba en cerca de 5 mil millones de pesos. La Tercera Sala Civil señala que la medida es para preservar el resultado de la sentencia que podría obtener Oceanografía, y de ninguna manera eso le puede generar las causas alegadas. Siguen los pleitos y la vía de conciliación cerrada en perjuicio del propio Citibanamex, que no acaba de sacudirse esta contingencia generada desde el 2014. Esto puede provocar, además, que el gobierno federal vuelva a poner el ojo en la institución ante el desastre administrativo que puede repercutir en una responsabilidad para el Estado mexicano, al estar ausente en la supervisión de los negocios de factoraje.
LA SEMANA PASADA el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, confirmó lo que desde el 20 de junio le reportamos aquí: el gobierno había abandonado la pretensión de comprar Banamex. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador pensó que la infraestructura de esa institución dirigida por Manuel Romo era idónea para dispersar mensualmente entre las clases más vulnerables los millonarios recursos de sus programas sociales. El Presidente no quiere que se sigan manejando en efectivo, pero el Banco del Bienestar, que dirige Víctor Lamoyi, no ha podido construir la red que lo garantice. Desde la misma Secretaría de Hacienda le hicieron ver que el vehículo idóneo para llegar a los lugares más apartados eran las sucursales de Telecomm, que dirige Rocío Mejía. En toda historia de Banamex hay algo curioso que se jura y perjura desde el sector hacendario: la propuesta de comprar Banamex, y que compró de cabo a rabo el Presidente, no salió del gobierno.
POR LO QUE se alcanza a ver, la Secretaría de Marina va tener que asumir la administración y operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con todo y la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) comprometido para el servicio de la deuda del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y es que la Secretaría de Hacienda, que comanda el mismo Rogelio Ramírez de la O, no tiene la mínima intención de pasar a deuda pública ni reestructurar los bonos que se emitieron para la frustrada terminal aérea. Nos referimos a los MEXCAT, que ascienden a 4 mil 200 millones de dólares, y que tienen vencimientos en los años 2026, 2028, 2046 y 2048. La deuda permanecerá como privada y el TUA no se va tocar. Le resulta más barato a Hacienda autorizarle a las huestes del almirante José Rafael Ojeda Durán un presupuesto exclusivo para remodelar el AICM.
LEVY HOLDING, DE Agustín Levy, asegura que cuenta con un sólido gobierno corporativo que establece normas, principios y procedimientos para regular la estructura y funcionamiento de los órganos sociales internos, lo que da dirección a la compañía de forma colegiada y transparencia de gestión a cada una de sus partes. Además, gestiona las relaciones y acciones entre el Comité Directivo, el Consejo de Administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas. Afirma también que dentro del grupo se realizan reportes trimestrales y Asambleas Anuales donde se presentan y aprueban los resultados de la compañía por parte de los accionistas brindando claridad, además de ser un espacio para resolver dudas y cuestiones acerca de sus acciones, así como del desarrollo y seguimiento de la empresa. Todos sus recursos y activos están regulados, así como sus estados financieros auditados externamente.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL