El Gobierno de México ha trabajado de manera consistente sobre un asunto que, regionalmente, nos involucra de manera directa: la migración.
A partir de acciones específicas implementadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y, en apego a las mejores prácticas internacionales que privilegian la fortaleza de las instituciones de gobierno, se cuenta con proyectos que operan en Mesoamérica (Mesoamérica Sin Hambre) y Centroamérica (Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro), brindando oportunidades de desarrollo a sectores de la población cuyas alternativas fueron truncadas por diferentes factores.
En esta lógica de colaboración y con la perspectiva de abordaje regional que busca, en todo momento, ofrecer alternativas ante uno de los retos más importantes que vivimos, nos abocamos a trabajar en una estrategia de inclusión laboral que permita a personas refugiadas integrarse a la vida productiva en México, a fin de generar oportunidades de desarrollo para este sector poblacional, dado que, durante 2021, México recibió más de 130 mil solicitudes de asilo, mientras que, para 2022, fueron 118 mil solicitudes, según datos de la Acnur.
En ese sentido, y en el marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, creamos la Estrategia de Vinculación al Empleo para personas Refugiadas en México, proyecto que fue implementado ya de manera efectiva en Tapachula, Chiapas, el cual nos permitió establecer conclusiones alentadoras para esta población y mejorar su condición de vida.
Lo anterior ha generado la posibilidad de replicar este modelo a nivel nacional con altas expectativas, ya que de 606 personas refugiadas inscritas en la Estrategia, 43 ya cuentan con un empleo formal en nuestro país y 563 se encuentran en proceso de vinculación. A ellas hay que sumar 571 refugiados que indirectamente, por ser familiares o acompañantes de los titulares, serán también beneficiarios, sin perder de vista que hay la posibilidad de liberar 20 mil plazas de trabajo este mismo año para este sector sin detrimento de opciones para los mexicanos.
Concretar un proyecto de esta naturaleza requiere de la intervención coordinada de las instituciones, aprovechando su experiencia y capacidad para crear condiciones que favorezcan la inserción de los refugiados en el ámbito social y laboral de nuestro país, al brindarles una mejor calidad de vida, y la reducción de la brecha de desigualdad social y económica que viven.
Con la colaboración de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Bienestar, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia de la ONU para Refugiados, se sistematizaron procesos para identificar la población objetivo y sus necesidades, ofrecer opciones de empleo adecuadas y otorgar una condición legal, en total apego a sus derechos fundamentales.
La creación de alternativas de desarrollo para este sector poblacional, en el marco de una política migratoria humanista que recupere el respeto a los derechos humanos, es una exigencia para atender este problema de orden global y cuidar lo más valioso que tenemos: la gente.
POR GLORIA SANDOVAL SALAS
DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL EXTERIOR DE LA AMEXCID
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