Una larga tradición democrática ha dispuesto que las autoridades tengan que informar, con honestidad y exactitud, sus planes de gobierno y sus actividades a la ciudadanía. De esta forma, cada vez más nos acostumbramos a que este ejercicio de información gubernamental se realice a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
En México, esta práctica comenzó a llevarse a cabo durante los gobiernos de la transición a la democracia y se ha venido consolidando. No obstante, aún cuando ha resultado ser una vía de comunicación efectiva y reconocida judicialmente como un canal público, este reconocimiento no le alcanza a la autoridad para que, durante su exposición, pueda afectar, con datos inexactos o falsos, a las ciudadanas y los ciudadanos.
Cualquier persona considerada sujeto obligado por la ley y que utilice esta vía de difusión debe respetar ciertos parámetros en los datos que presenta y, en caso de no sujetarse, otorgar el derecho a quien resulte afectado, para que se exprese al respecto, en el mismo espacio y tiempo utilizado para transmitir el agravio.
En nuestro país, como bien hemos sido testigos, las conferencias de prensa matutinas del Presidente López Obrador pretenden cumplir con este ejercicio de información, pero su efectividad de transparencia ha estado en duda. En algunas ocasiones se puede escuchar más un monólogo, con grados de información imprecisa o un foro para agraviar adversarios, que un mecanismo veraz.
El caso de Xóchitl Gálvez, surgido de esa conferencia, es importante porque puede sentar un precedente crucial para los derechos ciudadanos. Como sabemos, el Presidente mencionó a la líder política de oposición, con referencias consideradas imprecisas, interpretadas por muchos, como un abuso de poder mediático y político.
Pues bien, recientemente, un juez federal consideró que el Presidente sí es un sujeto obligado y otorgó el derecho a la Senadora Gálvez. De acuerdo con la resolución, la réplica, para que tenga sentido, deberá llevarse a cabo en la misma mañanera.
Hay que decir que el juicio de amparo fue patrocinado jurídicamente por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un baluarte, desde donde arrancamos hace tiempo distintos juristas, convencidas y convencidos de la importancia de fortalecer nuestra democracia, a través de la defensa de las libertades y los derechos. Con la ayuda del Consejo, hoy se ha logrado que una ciudadana mexicana pueda ejercer su palabra ante las imprecisiones informativas de la autoridad.
La defensa continúa. El Presidente ha señalado que se reserva el derecho de admisión y no se ven ánimos de que le otorgue el derecho concedido. Esto sería un despropósito ético y podría configurar un desacato a las autoridades judiciales. Que sea el propio Jefe del Ejecutivo quien manifieste, en público, que no respetará la decisión de un juez es preocupante.
Es urgente ponerle un alto a los abusos de poder contra las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. De no ser así, estaremos en camino hacia la dictadura.
Gustavo de Hoyos Walther
Fundador de Sí por México y Unid@s
@gdehoyoswalther
MAAZ