Las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) han adquirido fundamental relevancia en los procesos que ejercen las instituciones públicas y agencias de gobierno en México y el mundo. Entre las principales funcionalidades de las TIC’s están las herramientas a través de las cuales, se procura la recaudación fiscal y la rendición de cuentas, mediante mecanismos que dan agilidad a los servicios de tributación y promueven la transparencia.
En el deber ser, el pago de impuestos significa una obligación ciudadana estipulada en la Constitución, para destinar parte de los ingresos al sostenimiento del gasto público, cuyo fin es la distribución de beneficios o servicios públicos, administrados por el Estado, para generar bienestar social, en un entorno de equidad y justicia tributaria. En tal sentido, la justicia fiscal representa el logro del bien común e igualdad. Oxfam México aporta datos que apuntan a una dirección distinta: “… Individuos contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales y 13.6% de la recaudación de impuestos federales de personas físicas en 2021”. Entre otras, una de las explicaciones está en las facilidades de dichos contribuyentes, para disminuir el pago de impuestos y un sistema de contribución que excluye a las grandes fortunas o ganancias extraordinarias de una obligación contributiva congruente.
La tendencia en América Latina, de acuerdo con Oxfam México, se dirige hacia la generación de políticas fiscales que incluyen el establecimiento progresivo de impuestos a las grandes fortunas, como en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Brasil. En adición a dicha tendencia, se ha avanzado crecientemente en la modernización y digitalización de los sistemas de contribución, con intención de mejorar la experiencia en las interacciones de los ciudadanos con los trámites fiscales, mediante la oportunidad de acceso masivo y exponencial a partir de las TIC’s.
Se espera que el uso de las TIC’s habilite capacidades en los contribuyentes para anticipar riesgos fiscales, identificar inconsistencias, así como “verificar la congruencia de los datos proporcionados a la autoridad y tener el control de los mismos, y cuando esto no funcione y llegue a vulnerar los derechos, sea posible tener acceso a la justicia con el uso de la tecnología”, como lo plantea Diagnóstico Fácil Empresarial, de la Universidad de Guadalajara (2020), en “El uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en materia fiscal: la perspectiva del contribuyente en México”.
Según datos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en 2022 recibió 30,791 solicitudes de quejas: 65% provenientes de personas físicas y 35% de personas morales (donde 80% son MIPYMES). En su mayoría, las quejas son relativas a trámites del Registro Federal de Contribuyentes en lo concerniente al Régimen Simplificado de Confianza (Resico); devoluciones; el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); emisión de multas e inmovilización de cuentas bancarias.
En vista de lo anterior, un camino podría ser la incorporación en paralelo a la implementación de sistemas digitales de contribución, ofertas de capacitación a la ciudadanía y a las empresas en el manejo de los módulos o sistemas tecnológicos, así como periodos de gracia en la adaptación a los ambientes digitales, para facilitar por ejemplo, la emisión de facturas, la recepción de alertas, así como opciones de soluciones ágiles, amigables en su procesamiento, que abonen a un sistema de contribución más justo.
Colaboración realizada por Mónica Miguel Cárdenas y equipo Revolución 5.0 Disruptive Labs. Si quieres conocer más contáctanos al correo contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos!
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